Los chalecos, los punteros y los préstamos de Passerini

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Por Adrián Simioni

Me tomo del caso que expuso Juan Federico hoy en "Ahora País", porque es un caso más, entre tantos, en el que alguna variante del empleo público es utilizada para financiar a la política en general o las actividades de políticos en particular.

Es muy llamativo. Venimos con los empleados fantasmas de la Legislatura, venimos con las hijas de concejales —como las de Ricardo Moreno— y me quiero detener en el caso que también contó Juan hace unos días: el de Carlos Sebastián Saavedra Paredes.

Saavedra Paredes fue detenido en la Costanera de Córdoba con un carné de conducir trucho. Se tira del hilito y se descubre que había recibido una condena de nueve años y medio por un robo calificado cometido junto con un policía y por venta de drogas.

Después salió antes de cumplir la totalidad de la pena y le dieron un puesto en la Municipalidad de Córdoba. Rápidamente pasó a desempeñarse como chofer en un CPC y luego también fue empleado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) de la Provincia, que lo asignó a una residencia donde hay chicos con problemas de adicciones.

Me quiero detener ahí porque nuestro colega Matías Calderón, de La Voz del Interior, logró hace un par de días una entrevista bastante impresionante con Graciela Rojo, presidenta de una de las cooperativas que intermedian entre estos chalecos celestes y la Municipalidad de Córdoba: la cooperativa Milge.

Esta señora lo cuenta como algo muy natural. Dice que conoce y maneja a unos 60 o 70 cooperativistas que están afiliados a la entidad y trabajan como chalecos para la Municipalidad. Pero también señala que hay otras 400 personas incluidas en una lista aparte, a quienes ella no conoce y que responden a pedidos de políticos y punteros.

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Le dicen: "Anotame a este, por favor" o "Ubicame a esta persona en tal CPC o en tal parque educativo". Son 400 personas que no son socias de la cooperativa. La Municipalidad le envía el listado y la cooperativa le factura esos presuntos servicios. Pero después no sabemos qué hay ahí.

No existen licitaciones con estas cooperativas ni nada parecido. Son contratos directos que vienen desde hace muchísimo tiempo. No comenzaron con esta gestión, pero forman parte de un sistema que persiste.

Ahora también se sumaron los chalecos marrones, los constatadores del servicio de estacionamiento público. Fijate: es como si yo hiciera un contrato de obra pública para que una empresa construya una ruta y después comenzara a decirle: "Empleame a este, pagale un sueldo a aquel". Luego, esos gastos se hacen pasar como mayores costos.

Es una cosa abusiva. Penosamente, es una práctica.

Los políticos siempre se justifican diciendo que es gente que se encuentra en condiciones muy vulnerables y necesita ayuda. Pero, en todo caso, que eso se haga con trabajadores sociales. ¿Por qué un puntero puede decidir a quién darle plata pública? ¿Por qué nosotros no podemos decidir a quién ayudar? También conocemos gente.

Es una casualidad que alguien logre encontrarse con un puntero. ¿A quién le debe un favor después?

Esto pasa, además —asumo—, en la gran mayoría de las provincias y en una enorme cantidad de municipios argentinos, porque no es un problema exclusivo de Córdoba. Existen mecanismos opacos mediante los cuales se financia la política.

Está el caso de un legislador que probablemente le esté pagando el sueldo a un empleado de su campo mediante una asesoría de la Legislatura. Esto tiene implicancias éticas, antidemocráticas y manipuladoras. Antidemocráticas porque esos aparatos inmensos, financiados con los impuestos, pueden dar vuelta una elección.

Además, tiene implicancias estrictamente económicas. El intendente Daniel Passerini, que gobierna sobre esta masa de chalecos y empleados —y entre quienes todos los meses aparecen nuevos casos—, acaba de pedirle prestados 120 millones de dólares al Deutsche Bank.

Lo hizo a una tasa muy alta, actualmente del 9,06% anual. Es un bono de corto plazo, casi como un préstamo privado, y no un sistema de bonos con cotización pública.

Haciendo una cuenta más o menos gruesa, solamente en los chalecos se gastan unos 20 millones de dólares al año. Asumo que parte de esa plata igualmente se destinaría a asistir a determinadas personas; no lo sé. Pero, en algún momento, hay que poner el ojo sobre eso, porque es mucha plata.

Ni hablar de poner el ojo sobre los funcionarios encumbrados y la cantidad de ñoquis que forman parte del aparato electoral. No cobran 600 mil pesos por mes como un chaleco, pero en algún momento también habrá que revisar esos casos.

Alguna vez alguien tiene que proponernos: "Mirá, vamos a hacer una reingeniería del Estado municipal o del Estado provincial. Vamos a transparentar esto, determinar quiénes son los empleados, comprobar si son necesarios y evaluar si cobran mucho o poco".

En algún momento, a alguien se le tiene que prender la lamparita, porque este sistema está muy enfermo política y económicamente. Es mucha, mucha guita.

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