Perú calcula que la creciente criminalidad repercute en 5.000 millones de dólares anuales

LIMA (AP) — Por primera vez, el gobierno peruano estimó que la creciente criminalidad en el país genera un costo anual de aproximadamente 5.000 millones de dólares, equivalente al 1,7% del Producto Bruto Interno (PIB). Esta situación perjudica las inversiones, particularmente en pequeños negocios que enfrentan una ola de extorsiones y asesinatos.

La gestión de la presidenta Dina Boluarte dio a conocer el martes un estudio que cuantifica el impacto de la delincuencia sobre las empresas. Para ello, el Ministerio de Economía y Finanzas utilizó datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática correspondientes a 2022 y los proyectó para 2025.

“La cuestión de la inseguridad es decisiva, puesto que afecta las inversiones. Muchos inversionistas optan por no venir a Perú debido a un clima de inseguridad insuficiente”, manifestó Raúl Pérez, ministro de Economía, durante una conferencia de prensa internacional.

El ministro detalló que para alcanzar esta cifra se calcularon los gastos en seguridad y vigilancia asumidos por las empresas privadas, así como el gasto público relacionado con la reducción de delitos que atentan contra la seguridad ciudadana.

“Este estudio representa una aproximación, y es importante reconocer que probablemente es una subestimación del costo real”, explicó Pérez Reyes. “Cualquiera que sea el valor del impacto de la criminalidad, resulta elevado, ya que estamos hablando de recursos que podrían haberse destinado a otras actividades en lugar de invertir en medidas de seguridad, como rejas, sistemas de vigilancia o personal de seguridad”, añadió.

Las extorsiones a pequeños negocios y los asesinatos de transportistas son una constante en la prensa peruana. Este tipo de extorsiones, que incluyen amenazas, explosiones o incendios en propiedades, han llevado al cierre de muchos emprendimientos en zonas con escaso apoyo policial.

El aumento de la criminalidad ha incitado protestas por parte de choferes e incluso de barberos, quienes se manifestaron contra el gobierno, provocando la paralización del transporte público y la suspensión de clases para dos millones de escolares en la capital.

Las estadísticas de asesinatos y extorsiones son alarmantes, alcanzando los niveles más altos desde 2017. Desde el inicio de 2025 hasta el 12 de junio, se registraron 990 asesinatos, frente a los 823 del mismo período en 2024. Las denuncias de extorsiones también mostraron un incremento del 14% en el primer trimestre, totalizando 6.412 en comparación con 5.640 en el mismo periodo del año anterior, según datos oficiales.

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