Nuevas leyes en EE.UU. buscan restringir el uso de máscaras por agentes federales

Las iniciativas en Estados Unidos para limitar el uso de máscaras por parte de agentes federales de inmigración han cobrado impulso en varios estados, impulsadas por un reciente fallo judicial que bloqueó la primera ley de este tipo en el país, en California.

El gobernador demócrata del estado de Washington, Bob Ferguson, se preparaba para firmar una nueva legislación el jueves, poco después de que se suspendiera la ley californiana que restringía las coberturas faciales de los cuerpos de seguridad. Esta nueva ley entraría en vigor de inmediato y podría inspirar cambios similares en otros estados.

Proyectos de ley análogos han sido aprobados recientemente en Oregon y Virginia, y están en discusión en Hawái, Maryland y Vermont. Estas propuestas responden a las tácticas de control migratorio implementadas durante la administración de Donald Trump, donde agentes federales, a menudo enmascarados, llevaron a cabo miles de detenciones para posibles deportaciones, generando críticas por la impunidad con que actuaban.

El Departamento de Seguridad Nacional calificó de "irresponsable y peligrosa" la nueva legislación del estado de Washington, enfatizando su intención de desafiarla legalmente. "Para que quede absolutamente claro: no acataremos esta prohibición inconstitucional", comunicó la entidad.

Sin embargo, la cuestión de la constitucionalidad de estas leyes no es tan clara. Un juez federal dictaminó que la ley de California discriminaba a los agentes federales al aplicarse solo a ellos y no a los estatales. Este fallo fue una victoria para el gobierno de Trump, que se opuso a la legislación californiana, pero también abrió la puerta para que otros estados intentaran legislar en esta dirección.

La nueva ley de Washington se aplica a todos los agentes de la ley, sean federales, estatales o locales, lo que busca evitar alegaciones de discriminación. Muchos proyectos de ley en otros estados también seguirían este enfoque inclusivo.

La abogada Bridget Lavender, de la State Democracy Research Initiative de la Universidad de Wisconsin, comentó que la decisión de California podría haber alentado a otros estados a considerar iniciativas similares.

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