Jueza federal limita uso de gas lacrimógeno cerca de edificio de ICE en Portland

PORTLAND, Oregon, EE.UU. — Una jueza federal ha decidido limitar el uso de gas lacrimógeno por parte de agentes federales durante las protestas en un edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Portland. Esta decisión fue tomada el pasado viernes en respuesta a una demanda presentada por un complejo de viviendas asequibles que se encuentra adyacente al edificio federal, tras meses de que sus residentes fueran expuestos repetidamente a estas tácticas de control de multitudes.

La jueza de distrito Amy Baggio emitió la orden judicial preliminar tras una audiencia realizada el mes anterior, donde los habitantes del complejo relataron sufrir una serie de síntomas físicos y psicológicos. Estos incluían dificultad para respirar, tos, ardor en los ojos, urticaria, ansiedad y ataques de pánico. Algunos residentes afirmaron que se veían obligados a usar máscaras antigás dentro de sus propios hogares.

Este caso se enmarca en un contexto más amplio de creciente preocupación por las tácticas agresivas de control de multitudes utilizadas por las fuerzas federales en diversas ciudades del país, en medio de protestas contra la política migratoria impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump.

En su fallo, la jueza Baggio destacó que el litigio no se centraba en los derechos de los manifestantes, sino en las quejas de los residentes de Gray’s Landing, quienes argumentaron que el uso de municiones químicas por parte de los agentes federales ha sido tan excesivo y generalizado que infringe sus derechos. "La Corte reconoce que una orden judicial preliminar es un remedio extraordinario, pero este es un caso extraordinario", escribió Baggio.

La orden prohíbe a los agentes usar municiones químicas en cantidades que puedan afectar a Gray’s Landing, ubicado en la esquina opuesta a las instalaciones de ICE, a menos que exista una amenaza inminente para la vida. En otro caso presentado por la ACLU de Oregon en nombre de manifestantes y periodistas independientes, un juez también emitió una orden de restricción temporal que limita el uso de gas lacrimógeno durante las protestas en el edificio, y actualmente evalúa si concede una orden judicial preliminar en ese caso.

El administrador del edificio y varios inquilinos habían demandado al gobierno federal en diciembre, alegando que el uso de municiones químicas vulnera su derecho a la vida, libertad y propiedad, al enfermarlos y contaminar sus hogares, obligándolos a permanecer en el interior.

"Esta decisión protege la salud y la seguridad básicas y el derecho a vivir en el propio hogar sin temor a que el gobierno use armas químicas", declaró Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, organización legal que representa a los demandantes. "Los residentes no deberían resultar perjudicados simplemente porque viven junto a un lugar de protesta pública".

Los demandados, incluyendo a ICE y al Departamento de Seguridad Nacional, argumentan que han utilizado dispositivos de control de multitudes en respuesta a protestas que han sido violentas o que han puesto en peligro la propiedad. Sin embargo, ICE y el Departamento de Seguridad Nacional no han respondido a solicitudes de comentarios sobre el fallo.

Los demandantes presentaron una solicitud de medidas cautelares actualizadas a finales de enero, después de que los agentes lanzaran gases hacia una multitud, que incluía menores, en una protesta que las autoridades locales describieron como pacífica.

De los 237 residentes del complejo, casi un tercio tiene 63 años o más, y el 20% de los departamentos están reservados para veteranos de bajos ingresos. Además, el 16% de los inquilinos se identifica como personas con discapacidad. La defensa del gobierno ha argumentado que los agentes han desplegado estos dispositivos en respuesta a situaciones que requieren dispersión de grupos que actúan de manera violenta o que no cumplen con las órdenes de dispersión.

Asimismo, el gobierno ha rechazado las acusaciones de violación de derechos constitucionales, argumentando que las tácticas de control de multitudes no constituyen una infracción, incluso si accidentalmente afectan a viviendas cercanas.

La orden judicial preliminar se mantendrá vigente mientras avanza la demanda.

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