Indígenas peregrinan hasta cerro de Perú por justicia y rechazo a ley de amnistía

LIMA (AP) — Los empinados senderos del cerro San Cristóbal, en las cercanías del centro de Lima, recibieron el domingo en peregrinación a unos 200 indígenas de diversas comunidades que en un ritual andino exigieron justicia por los muertos en luchas sociales y rechazaron una ley de amnistía aprobada a inicios de julio que beneficia a sentenciados por violaciones de derechos humanos durante el pasado conflicto armado.

La manifestación en el “Apu Usharu” --nombre ancestral del cerro-- tuvo lugar un día antes de que Perú conmemore su independencia y el grupo de indígenas emprendió una marcha contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, quien dio un discurso a la nación, el último de su gobierno que concluye en 2026.

Chamanes e indígenas suelen subir a realizar ritos en el cerro, considerado un sitio sagrado, pero fue la primera vez que los familiares de víctimas lo hicieron en demanda de justicia y protección.

Cuernos y caracoles sonaron al unísono en medio de un acto de los manifestantes que lucían ponchos y capas de rojo, el color de la bandera nacional. También hubo danzas andinas mientras lanzaban pétalos alrededor de las fotos de las víctimas. Muchos de los participantes, como Doris Caqui, fueron familiares de desaparecidos en el conflicto armado interno que afectó la nación andina entre 1980 y 2000.

“Nos han arrebatado la defensa de nuestros seres queridos”, que exigieron por 40 años, dijo a The Associated Press Caqui, viuda de Teófilo Rima, desaparecido en un cuartel militar en 1986.

Dijo que en ese espacio sagrado reclaman por la última ley con la que “quedan libre de polvo y paja” los militares y policías involucrados en crímenes de lesa humanidad. Se refirió a la ley de amnistía aprobada en el Congreso a inicios de julio que extingue la responsabilidad penal de uniformados y civiles sentenciados o procesados por graves violaciones a los derechos humanos, incluidos asesinatos, desapariciones y violaciones sexuales durante el conflicto armado.

Entre 1980 y 2000, una guerra desatada entre el grupo armado Sendero Luminoso y el Estado afectó a miles de campesinos que, por un lado, fueron obligados por los insurgentes a colaborar y, por otro, fueron atemorizados, violados y asesinados por soldados que los acusaban de terroristas. Según una comisión de la verdad, la cifra de muertos podría haber alcanzado los 70.000.

Organizaciones de defensa de derechos humanos señalaron que la ley de amnistía provocaría que más de 150 casos con sentencia y otros 600 procesos en trámite quedaran impunes.

Por su parte, Milagros Sanmillán, hermana del médico Marco Sanmillán, quien murió en las protestas contra la asunción de Boluarte en enero de 2023, afirmó que “venimos a Lima por justicia, no por venganza. Queremos justicia y dignidad”.

Al menos 50 civiles murieron durante las violentas manifestaciones que empezaron a finales de 2022 y se prolongaron por tres meses, principalmente en la zona andina del sur, donde predominó la población indígena, y por lo cual se buscó investigar a la mandataria, sin obtener autorización del Congreso.

Los manifestantes protestaron por la sucesión presidencial de la entonces vicepresidenta Boluarte tras la destitución de Pedro Castillo, detenido y acusado ante la justicia por rebelión e investigado por supuesta corrupción.

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