Fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, vinculada a adopciones ilegales

CIUDAD DE GUATEMALA — Un grupo de expertos de las Naciones Unidas ha expresado su preocupación tras recibir información sobre las acusaciones que pesan sobre la actual fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, en relación con presuntas adopciones ilegales que habrían tenido lugar en una casa hogar donde ella ejerció como directora.

Los incidentes se habrían producido durante el conflicto armado en Guatemala, que tuvo lugar entre 1960 y 1996. La declaración del panel de expertos se emitió en un momento crucial, ya que Porras se encuentra al final de su mandato y aspiraba a un nuevo cargo público como magistrada designada por la Universidad de San Carlos de Guatemala, aunque esta finalmente eligió a Julia Rivera y José Luis Aguirre para ocupar los puestos.

El panel indicó: "Todas las personas contra las cuales existan alegaciones creíbles de conductas incompatibles con los estándares de derechos humanos, especialmente aquellas que han tenido autoridad para tomar decisiones relacionadas con la criminalización o violaciones de derechos humanos, no deben ser preseleccionadas ni nombradas hasta que se realice una investigación pronta, independiente y exhaustiva de esas alegaciones".

De acuerdo con la información proporcionada por los expertos, al menos 80 niños indígenas habrían sido víctimas de adopciones ilegales internacionales después de ser institucionalizados en el Hogar Temporal Elisa Martínez, donde Porras fue directora y administradora, actuando como "tutora legal" de los niños desde el 21 de enero hasta el 30 de agosto de 1982.

"Nos preocupa especialmente que no se haya realizado una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre la presunta implicación de algunas autoridades estatales en estos procesos y que las madres afectadas por estas adopciones ilegales aparentemente no hayan recibido ni el reconocimiento ni las reparaciones adecuadas", añadió el panel.

La Asociación Press ha solicitado a la fiscalía un comentario sobre las acusaciones contra Porras, pero hasta el momento no ha habido respuesta. Asimismo, se buscó una reacción del gobierno guatemalteco sin éxito.

Los expertos también han demandado investigaciones independientes sobre estas alegaciones. Durante el conflicto armado, miles de niños fueron dados en adopción, en su mayoría a familias estadounidenses, y el Estado no mantuvo un seguimiento sobre su situación ni conoció sus destinos.

En 2024, el presidente Bernardo Arévalo ofreció disculpas a un hombre en nombre del Estado por haber sido adoptado de manera irregular en su infancia, tras ser separado de su madre bajo la acusación de abandono.

Desde 1977 hasta 2008, se llevaron a cabo numerosas adopciones en Guatemala, muchas de las cuales se realizaron de manera irregular, involucrando a redes de funcionarios y abogados que facilitaron la entrega de niños a familias estadounidenses sin seguir un proceso adecuado.

En 2007, el Congreso guatemalteco aprobó una ley de adopciones para regular estos trámites. Porras ha enfrentado sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, entre otros, acusándola de socavar la democracia en Guatemala y de obstaculizar la lucha anticorrupción al perseguir a exfuncionarios de justicia y periodistas que denunciaron estas prácticas.

Los expertos independientes forman parte de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos y actúan a título personal.

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