El Salvador: Juez analiza prisión provisional para abogada de DDHH tras su detención

Decisión judicial en proceso

SAN SALVADOR (AP) — Un tribunal salvadoreño debía tomar una determinación respecto a la situación procesal de una abogada vinculada a una conocida organización defensora de los derechos humanos, crítica hacia el gobierno de Nayib Bukele, por un supuesto caso de enriquecimiento ilícito. Su arresto, que tuvo lugar a mediados de mayo, provocó una intensa controversia sobre el uso excesivo del estado de excepción en delitos no asociados a pandillas.

Ruth Eleonora López fue detenida el 18 de mayo por presunto peculado, aunque los cargos formales no se realizaron hasta pasadas dos semanas. El pasado lunes, la fiscalía solicitó al juez que la procesara por enriquecimiento ilícito, pidiendo su prisión preventiva por un período de seis meses.

El juez dispuso la reserva total del caso, lo que impidió el acceso de la prensa a la audiencia del miércoles, donde se decide si la abogada será enviada a prisión y si los cargos presentados por la fiscalía serán aceptados.

Reacciones y defensoría

Tras ser abordado por periodistas en los pasillos del centro judicial, el abogado Pedro Cruz, defensor de López, manifestó su desacuerdo con la decisión de reservar el caso, argumentando que la fiscalía teme hacer acusaciones infundadas.

Al ingresar rápidamente a la sala, López fue incapaz de ofrecer declaraciones a la prensa, pero logró expresar que no la silenciarán, solicitando un juicio público para que la gente conozca la situación. Atribuyó su retraso a que se resistió a cambiarse de ropa, señalando que la querían presentar en traje.

López lideraba la Unidad Anticorrupción y Justicia de Cristosal, organización que ha denunciado abusos en las cárceles desde que se implementó el estado de excepción en 2022, una medida de mano dura contra la violencia pandilleril.

Contexto de detenciones

En el estado de excepción, las detenciones pueden realizarse sin conocer los motivos y sin acceso a defensa legal. Durante estos años, más de 86,000 personas han sido arrestadas por presuntos vínculos con pandillas, aunque más del 90% aún se encuentran en prisión sin condena.

La abogada había liderado un equipo en Cristosal que produjo múltiples informes sobre corrupción gubernamental. La organización argumentó que su detención es una forma de persecución por parte del gobierno debido a sus críticas.

Mary Lawlor, relatora de la ONU para Derechos Humanos, expresó su preocupación por el caso, instando al Estado a garantizar el debido proceso y exigiendo la libertad de López.

El defensor Cruz también mencionó que la fiscalía tiene miedo de que sus acusaciones sean consideradas ridículas y de quedar expuestos como incompetentes ante la nación.

López ha pasado más de dos semanas detenida y apenas su madre logró visitarla, siendo evidente la presión pública sobre su situación.

La defensa ha rechazado los cargos relacionados con su trabajo anterior como asesora de Eugenio Chicas, un exfuncionario del gobierno de Salvador Sánchez Cerén, quien está procesado por enriquecimiento ilícito. La fiscalía sostiene que López colaboró en la sustracción de fondos del Estado mientras ejercía su función como asesora.

La defensa cree tener los argumentos y la evidencia suficientes para demostrar su inocencia y espera un juicio justo.

Varios defensores de derechos humanos se congregaron frente al Centro Judicial Isidro Menéndez en apoyo a la abogada durante la audiencia.

Asimismo, la falta de comunicación que ha enfrentado López durante más de dos semanas ha generado críticas de abogados y organizaciones de la sociedad civil.

Según la Constitución salvadoreña, cualquier detenido debe ser presentado ante un juez dentro de un plazo de 72 horas, aunque durante el estado de excepción este tiempo puede extenderse hasta 15 días, como es el caso de López.

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