ACLU pide a EE. UU. la liberación de una mujer dominicana en Puerto Rico

SAN JUAN (AP) — La policía de Puerto Rico arrestó a una mujer dominicana de 47 años a finales de mayo, cuando intentaba obtener un permiso para vender helados. Tras su detención, fue entregada a las autoridades federales, quienes la llevaron a Texas, a pesar de que ella mostró documentos que confirmaban su residencia legal en la isla, incluido su pasaporte y licencia de conducir, según explicó su abogado, Ángel Robles, y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico.

Aun con la presentación de estos documentos, las autoridades mantuvieron su traslado como parte de una operación federal centrada en migrantes que se presume están en el país de forma irregular. La mujer, identificada como Aracelis, es víctima de violencia doméstica y por esta razón no se reveló su nombre completo.

Aracelis forma parte de un grupo de cientos de personas detenidas en Puerto Rico tras el inicio de arrestos masivos a fines de enero, una situación que generó preocupación en un territorio que históricamente ha sido refugio para migrantes.

Robles, junto con la ACLU, exigieron que Aracelis fuese liberada y devuelta a Puerto Rico. "Es indignante", declaró Robles en una llamada telefónica. "No se le han presentado cargos y su nombre no figura en el sistema".

La negativa a una audiencia de fianza para Aracelis se basó en su ausencia de datos en las bases de datos federales. Annette Martínez Orabona, directora de la ACLU en Puerto Rico, calificó la situación de "atrocidad infame".

Este caso ha desencadenado protestas contra la gestión de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, quien ha cooperado con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) en la vigilancia de migrantes en la isla.

En una carta dirigida a la gobernadora y al secretario de Justicia, la ACLU acusó al gobierno puertorriqueño de violar la Constitución al proporcionar información confidencial de cerca de 6.000 inmigrantes al ICE y al Departamento de Seguridad Nacional. La organización también acusó al ICE de realizar operaciones de cáterin basándose en esos datos, lo que calificó como "arbitrario y abusivo".

Una portavoz de Investigaciones de Seguridad Nacional no respondió a las solicitudes de comentarios sobre este asunto. En Puerto Rico, los inmigrantes sin autorización pueden abrir cuentas bancarias y solicitar licencias de conducir especiales.

La ACLU también criticó a la administración de la gobernadora por no proveer protocolos claros a las agencias locales sobre cómo manejar solicitudes del gobierno federal relacionadas con inmigrantes.

Entre sus demandas, la ACLU solicitó que se emita una orden ejecutiva para prohibir la colaboración de las agencias públicas con citaciones del ICE que no estén acompañadas de órdenes judiciales.

Una vocera de la gobernadora no respondió a las solicitudes inmediatas de comentarios.

Desde el 26 de enero hasta el 20 de marzo, más de 200 personas han sido arrestadas por ICE, la mayoría de ellas de origen dominicano. No se encontraron cifras actualizadas hasta el momento.

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Esta noticia fue traducida del inglés por un editor de AP utilizando herramientas automatizadas.

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