Cómo agarrárselas con los senadores por las razones equivocadas

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Por Adrián Simioni

La discusión por las dietas de los senadores volvió a instalarse con fuerza luego de que se conociera que percibirán alrededor de 11 millones de pesos brutos mensuales. La reacción fue inmediata: indignación en redes sociales, discursos encendidos en los medios y una competencia de gestos simbólicos entre dirigentes que buscan despegarse del aumento.

Pero el debate público parece estar mirando el problema por el lugar equivocado.

Es difícil defender una cifra de ese tamaño en un país atravesado por una profunda crisis económica. Sin embargo, el nivel de demagogia que rodea la discusión impide analizar cuestiones mucho más relevantes sobre el funcionamiento del Congreso.

Primero, un dato clave que suele quedar fuera de la discusión: los senadores no votan directamente sus aumentos de dieta. El mecanismo es más opaco. Los salarios del personal legislativo se calculan a través de una unidad administrativa —conocida como "módulo"— y las dietas de los legisladores están atadas a ese valor. Cuando sube el salario de los empleados del Senado, sube automáticamente el de los senadores.

El resultado es un sistema donde nadie parece hacerse responsable. El aumento aparece como una consecuencia administrativa, aunque las autoridades que toman esas decisiones, en última instancia, responden a los propios legisladores. Es una arquitectura diseñada para diluir responsabilidades y evitar que el Congreso tenga que votar explícitamente cuánto deben ganar sus miembros.

Ese es un problema institucional mucho más serio que la cifra final.

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La segunda cuestión es el tamaño y la estructura del aparato legislativo. El Senado y el Congreso en general funcionan con una enorme cantidad de asesores, cargos administrativos y dependencias cuya utilidad real muchas veces es difícil de justificar. Desde oficinas que funcionan como refugio político hasta áreas que absorben asesores cuando los dirigentes dejan sus cargos electivos, el sistema tiende a expandirse sin demasiado control público.

El caso emblemático suele ser el de la Biblioteca del Congreso, señalada durante años como un lugar donde terminan recalando numerosos nombramientos políticos.

Ese entramado genera un costo estatal elevado y, sobre todo, una opacidad que alimenta la desconfianza social hacia la política.

Mientras tanto, el debate público se concentra casi exclusivamente en la cifra del salario de los legisladores. Aparecen dirigentes que anuncian que donarán parte de su dieta o que dicen no haber pedido el aumento, gestos que funcionan bien en términos de imagen pública pero que no modifican en absoluto el funcionamiento del sistema.

¿Cómo debería organizarse el Poder Legislativo para ser más eficiente, más transparente y más responsable frente a la sociedad? Eso implica discutir desde el sistema de remuneraciones hasta el tamaño de las estructuras administrativas, pasando por el verdadero rol de los asesores y la cantidad de recursos que maneja el Congreso.

También implica algo más simple: que las decisiones sean explícitas. Si los senadores deben cobrar determinada cantidad, deberían votarlo y explicarlo públicamente. La transparencia institucional empieza por asumir las decisiones, no por esconderlas detrás de mecanismos administrativos.

El escándalo por los 11 millones de pesos puede generar titulares por algunos días. Pero si la discusión se queda ahí, será apenas otro capítulo de indignación pasajera.

El problema real —la estructura opaca y costosa del sistema legislativo— seguirá intacto.

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