Tucumán: condenan a preso y mujer por red de explotación sexual desde la cárcel

Buenos Aires, 20 de mayo (NA) – En la provincia de Tucumán, un hombre y una mujer fueron condenados por operar una red de explotación sexual desde el interior de una prisión. El principal acusado, quien ya cumplía una condena por trata de personas, usaba teléfonos móviles no permitidos para llevar a cabo los delitos.

Durante un juicio abreviado en el que ambos aceptaron su culpabilidad, la jueza Carina Farías del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, determinó que eran responsables de trata de personas con fines de explotación sexual agravada contra ocho mujeres.

Así, el hombre recibió una pena de 12 años de prisión, mientras que la mujer fue condenada a 8 años. Ambos operaban desde la Unidad N° 1 del Complejo Penitenciario de Villa Urquiza entre diciembre de 2021 y abril de 2023.

Un dato relevante es que, dado que ambos ya habían sido condenados por este tipo de delitos en 2019, el tribunal los consideró reincidentes. La Fiscalía General ante el TOCF de Tucumán, liderada por el fiscal general subrogante Pablo Camuña, junto con los auxiliares fiscales Daniel Weisemberg y Lucía Doz Costa, participaron activamente en el proceso.

La jueza ordenó una reparación económica integral de $130.048.548,04 para las víctimas, monto que incluye la ganancia ilícita de los condenados, así como el lucro cesante y el daño moral, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 28 de la Ley 26.364 sobre prevención y sanción de la trata de personas.

El caso comenzó a tomar forma cuando se demostró que Walter Ayala dirigía la organización criminal desde la cárcel. Utilizaba teléfonos no autorizados para comunicarse con las víctimas y con Alejandra Galván, la otra acusada, a quien daba instrucciones sobre horarios, precios y distribución de mujeres en diferentes departamentos.

A pesar de los controles penitenciarios, Ayala logró introducir teléfonos en su celda, donde se encontraron varios dispositivos y anotaciones relacionadas con la explotación sexual, que incluían nombres de mujeres y registros de recaudación.

Ayala también controlaba las publicaciones en la plataforma Skokka, donde definía los nombres ficticios utilizados por las víctimas y supervisaba el contenido sexual que se publicaba para promocionar sus servicios.

Entre diciembre de 2021 y abril de 2023, Ayala y Galván captaron y explotaron sexualmente a mujeres en situación de vulnerabilidad, contactándolas a través de anuncios laborales en redes sociales y luego integrándolas en un circuito de prostitución en San Miguel de Tucumán.

Galván desempeñaba un papel fundamental en esta operación, asistiendo a los encuentros, supervisando a las víctimas y recaudando dinero de los "pases". Además, era responsable de tomar fotos y grabaciones para la promoción de los servicios.

En un contexto de sometimiento, Ayala exigía a algunas víctimas que le enviaran contenido sexual y realizar videollamadas, aprovechando su posición de poder sobre ellas.

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