Prometían viviendas prefabricadas, pero era todo un fraude: van a juicio

Diez personas van a juicio en Córdoba acusadas de asociación ilícita y estafas tras ofrecer viviendas prefabricadas a través de redes sociales y luego incumplir los plazos de entrega de manera sistemática, hasta que la gente descubría que se trataba de un fraude.

El Juzgado de Control en lo Penal Económico de la ciudad de Córdoba confirmó el requerimiento de citación a juicio dispuesto por la Fiscalía de Instrucción Subrogante contra diez imputados por la supuesta comisión de asociación ilícita y estafas reiteradas, cometidas a través de empresas dedicadas a la construcción de viviendas prefabricadas.

Luego de que el juez Gustavo Hidalgo rechazara la oposición a la elevación a juicio planteada por la defensa de dos de los imputados y denegado el cese de prisión preventiva para el supuesto jefe de la organización, informó que se confirma el debate oral contra los acusados.

Desde el portal Justicia de Córdoba indicaron que, según la acusación, los imputados Sebastián Laforte, Alan Emmanuel Cano, Jorge Alejandro Flores, César Ezequiel Juárez, Matías David Pérez Ludueña, Claudio Héctor Bardus, Matías Sánchez, Noelia Alejandra Flores, María Ximena Alderete y Carlos Marcelo Scrofani conformaron una organización criminal destinada a cometer delitos contra la propiedad, que operaba bajo distintos nombres comerciales como Next House SAS, Forte Desarrollista e Innova Desarrollista.

"Mediante un discurso engañoso difundido en redes sociales, páginas web y contratos ficticios prometían construcciones en seco con plazos reducidos y pagos por avance de obra; pero incumplían sistemáticamente y usaban excusas para exigir pagos adicionales y adendas que agravaban el perjuicio", destaca el escrito.

La estructura de la organización evidenciaba roles definidos: un jefe que lideraba y negociaba directamente con las víctimas; un organizador encargado de coordinar tareas y excusas; y otros miembros que actuaban como vendedores, prestanombres societarios o colaboradores en maniobras específicas.

Se constató que los hechos involucran a más de 30 víctimas de Córdoba y otras provincias, inducidas a error para entregar sumas millonarias en efectivo, transferencias de dinero u otros bienes de carácter patrimonial, sin recibir las obras prometidas o con construcciones defectuosas e inconclusas, generando ganancias ilegítimas indeterminadas para la organización.

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