Prisiones preventivas en el triple crimen narco: plazos del fiscal Arribas

Las prisiones preventivas contra los detenidos por el triple crimen narco de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi en Florencio Varela, podrían definirse en las próximas horas, debido a que el fiscal Adrián Arribas tiene un tiempo límite para determinar esta medida procesal.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el fiscal tiene hasta este viernes 24 de octubre para dictaminar las preventivas contra los detenidos que se encuentran en la Argentina: Ariel Giménez; Lázaro Víctor Sotacuro, Celeste Magalí Guerrero, Miguel Silva, Daniela Ibarra, Maximiliano Parra, Florencia Ibáñez, y Matías Agustín Ozorio.

Resta Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J, que está detenido en Perú, su país natal, a la espera de que sea extraditado para que se lo juzgue acá.

El conocimiento de dicha medida está ligado al cambio de rumbo que tomó la causa la semana pasada cuando Arribas amplió las acusaciones y volvió a tomar las declaraciones indagatorias.

Giménez, Sotacuro, Silva, Ibarra, Parra y Ozorio los acusa de del delito de privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por haber sido cometido con alevosía y ensañamiento, por haber sido cometido por un hombre a una mujer mediante violencia de género, y por ser criminis causa –tres hechos-.

Mientras que, a Guerrero, Ibáñez y a Ibarra, las tres mujeres, les quitó el agravante de violencia de género y les mantuvo las otras acusaciones de privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por haber sido cometido con alevosía y ensañamiento, y por ser criminis causa –tres hechos-.

Ahora, cuando se informen las preventivas, la causa pasaría al fuero Federal, debido a que varias de las nuevas imputaciones están ligadas a delitos que no competen con la Justicia provincial.

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