El crimen de Soelsac: un enfrentamiento que nunca llegó al banquillo

Por Juan Federico

Los fundamentos de la sentencia por el crimen de Gabriela Pérez apuntan a un dato clave: nunca hubo pruebas contundentes para pensar en condenar al acusado de haber sido aquel sicario, el propio hermano de Gabriela, Gustavo Omar Herrera.

La joven trabajadora de la limpieza murió alcanzada por un balazo en medio de un atentado a tiros contra el club Yapeyú, de la ciudad de Córdoba, donde el gremio de la limpieza, Soelsac, ofrecía un asado sindical el sábado 9 de septiembre de 2023, 

Se trata de la resolución emitida por la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Córdoba (integrada por Gustavo Ispani, María de los Ángeles Palacio y Leandro Quijada) el pasado 9 de este mes, cuando absolvió a Gustavo Omar Herrera del delito de homicidio calificado y condenó a Adrián Ezequiel Vallejos por su participación secundaria en el hecho a una pena de ocho años.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El tribunal, integrado por jurados populares y dos jueces técnicos, falló de manera unánime. Los ocho representantes de la sociedad y los dos vocales no vieron pruebas sólidas a lo largo de un juicio que duró casi dos meses, según se desprende del análisis de las casi 500 páginas de los fundamentos conocidos esta semana.

Durante el debate, la hipótesis de la acusación intentó vincular el hecho con una violenta disputa de poder entre facciones sindicales y barras bravas de “La Fiel”, la organización que manda en la tribuna del club Talleres.

Sin embargo, a medida que fueron desfilando los distintos testigos, quedó al descubierto que las imputaciones reposaban casi de manera exclusiva en trascendidos, "dichos de calle" y deducciones sin sostén objetivo, según se desprende de los fundamentos.

Los propios testigos de la causa reconocieron ante el tribunal que sus sospechas iniciales no se basaban en la constatación personal de los hechos, sino en versiones que circulaban en el barrio y en comentarios en redes sociales.

La instrucción de la causa fue llevada adelante por la fiscal Silvana Fernández. Ahora, en el juicio, ella, junto a Laura Battistelli y Marcelo Sicardi, conformaron un trío de fiscales acusadores que no logró convencer a los jurados populares sobre que Herrera habría sido el sicario que actuó aquella tarde. 

Sobre ellos se impuso la visión del abogado defensor, Sebastián Lascano, quien insistió por la absolución de Herrera.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

El punto más crítico para la acusación radicó en la imposibilidad de identificar materialmente al autor de los disparos. Quien perpetró el ataque actuó con el rostro semicubierto por una gorra, lo que impidió cualquier reconocimiento fisonómico concluyente al momento de la agresión. 

Los domos policiales ubicados en proximidades del club Yapeyú jamás captaron el momento de los disparos. 

Los peritos debieron trabajar con una cámara del propio club, cuya definición no era la más óptima.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En ese sentido, las pruebas periciales no solo no lograron respaldar la acusación, sino que terminaron por debilitarla, según se resaltó en los fundamentos. 

Los análisis antropométricos y morfológicos realizados sobre los videos del hecho y las imágenes de la reconstrucción judicial concluyeron que existían claras divergencias en la contextura física y en la altura entre el agresor filmado y el imputado Herrera.

Un dato que la jueza María de los Ángeles Palacio resaltó ahora: ya cuando Herrera fue detenido en 2023, a más de dos meses del atentado, se advertía que su altura no coincidía con la del tirador filmado. Sin embargo, la fiscal Fernández lo mantuvo preso e insistió con la acusación en su contra.

Los peritos oficiales remarcaron que la calidad de las grabaciones y el ocultamiento del rostro no permitían establecer una correspondencia categórica.

A esta falta de certidumbre en la identificación física se sumó que jamás la Policía secuestró el arma empleada. Tampoco en la investigación se logró encontrar huellas o rastros biológicos que ubicaran a Herrera en la escena del crimen.

Del mismo modo, el análisis de las antenas de telefonía y los registros de comunicaciones tampoco arrojó enlaces directos o llamadas previas entre Herrera y los supuestos coautores para la ejecución del plan criminal.

Dos gremios pesados

Durante estos tres años, la investigación del Ministerio Público Fiscal nunca logró transformar los rumores de barrio Yapeyú en una prueba concreta.

No obstante, sí reunió huellas sobre el trasfondo que pudo estar detrás del crimen, pese a que ninguno de los apuntados tampoco llegó al banquillo de los acusados.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El expediente detalla una intensa trama de conflictividad y violencia vinculada a las elecciones y a la disputa de poder entre el Soelsac (Sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba), liderado por Sergio Fittipaldi, y el Surrbac (Sindicato Único de Recolectores de Residuos y Barrido de Córdoba), manejado por la familia Saillén.

Se trata de dos gremios con un fuerte compromiso con el Gobierno provincial.

Fittipaldi hoy es legislador suplente por el peronismo cordobés. Franco Saillen fue legislador provincial por el kirchnerismo entre 2015 y 2019. Hoy es miembro del directorio de Cormecor, la empresa de higiene urbana de Córdoba en la que el Surrbac y la Municipalidad de Córdoba aparecen asociados.

Fittipaldi y Saillén supieron coincidir en las 62 Organizaciones, el núcleo sindical que tuvo como referente al abogado y exconcejal peronista Ricardo Moreno. La misma organización por la que Claudio Barrelier, el femicida de Agostina Vega, llegó a vincularse con el Estado. Pero esa es otra historia.

Moreno fue abogado de los líderes del Surrbac cuando comenzaron a tener problemas judiciales. De manera paralela, supo tejer alianzas políticas con Fittipaldi.

Al mismo tiempo, a través de su actividad sindical, Moreno tuvo un fuerte protagonismo dentro del PJ local. En la última elección municipal, logró ingresar como concejal suplente, aunque en la práctica quedó entre los titulares ya que varios de ellos pasaron al Ejecutivo municipal. 

No se trató del único dirigente con un fuerte compromiso gremial que llegó al Consejo, ya que también tuvo como compañero de bancada al líder del gremio de los vigiladores privado, Suvico, Gustavo Pedrocca, con quien luego se distanció.

Incluso, cuando en 2024 el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba homenajeó a la fiscal Battistelli, a instancias de un proyecto presentado por el edil oficialista Diego Casado, el propio Moreno , quien aún era concejal capitalino por el PJ (fue obligado a renunciar este año, tras el escándalo con Barrelier) fue uno de los oradores que resaltó el trabajo de la fiscal.

En ese sentido, la fiscal Battistelli se comunicó con Cadena 3 para solicitar aclarar que jamás tuvo trato con Moreno y Casado. Aquel reconocimiento fue acompañado por el resto de las bancadas de otro partidos. También subrayó que este acto sucedió dos años antes del escándalo que involucró a Claudio Barrelier y que obligó a Moreno a renunciar a su banca. 

En 2024, Battistelli no había tenido ninguna participación en la investigación por el crimen de Gabriela Pérez, ya que recién tuvo el expediente en sus manos ahora, al llegar el caso a juicio. 

Pero volvamos a los gremios que se disputaban el control de Soelsac. Los conflictos se habían intensificado a finales de 2022 y principios de 2023 ante la proximidad del proceso electoral para renovar las autoridades (con mandato cada cuatro años). 

Hasta entonces, las postulaciones solían resolverse mediante lista única encabezada por el histórico secretario general Fittipaldi. Sin embargo, la aparición de una lista opositora denominada "Más Solsac" -apadrinada y vinculada a Franco Saillén- desató una puja abierta por el control del sindicato.

El gremio de la limpieza aglutina a más de 20 mil afiliados, en su mayoría mujeres, lo que representa un despliegue territorial muy importante. 

Y, al mismo tiempo, queda en el medio de un negocio multimillonario: las limpiezas de las oficinas públicas, que se tramitan a través de licitaciones en las que participan empresas privadas.

Durante la instrucción y ahora en el juicio, la familia de Gabriela Pérez denunció que ella ese día fue al asado sindical porque estaba “obligada”. De lo contrario, dijeron, no le renovaban el contrato que tenía en una empresa privada para limpiar el Palacio 6 de Julio.

Nunca se abrió una investigación penal paralela para establecer la veracidad de esta acusación.

La escalada del enfrentamiento entre Soelsac y el Surrbac incluyó campañas en redes sociales en contra de Fittipaldi, amedrentamientos a afiliados para que bajaran su apoyo a la conducción oficial, llamadas intimidatorias y advertencias de "armar causas" o plantar drogas para forzar renuncias, según fueron declarando los testigos a los largos de estos tres años.

El 17 de mayo de 2023, en un vehículo identificado con el logo de Soelsac, un grupo de militantes que respondían a Fittipaldi llegó hasta el Centro de Salud de Villa Azalais, donde militantes de la lista opositora estaban haciendo un relevamiento. Fue entonces que, exhibiendo armas de fuego, los recién arribados obligaron a los miembros de la lista opositora a irse del lugar.

El mes pasado, en la Cámara 11 del Crimen, por este episodio fueron condenados Gonzalo Nicolás Miranda, María José Varela y Álvaro Tomas Tello, todos miembros de Soelsac, como coautores de los delitos de amenazas calificadas, daño y lesiones reiteradas -cinco hechos-.

Un día antes del homicidio de Gabriela entre ambas facciones se produjo un nuevo enfrentamiento en el Centro de Córdoba. Hubo insultos, amenazas de muerte y se arrojaron piedras, produciéndose una gresca callejera entre ambos sectores, hasta que intervino la Policía.

Incluso, en la madrugada de aquel sábado 9 de septiembre, registró una llamada telefónica intimidatoria dirigida a Hugo Gabriel "Ciego" Cardozo (inspector gremial del Soelsac y número 2 de la barra “La Fiel”), una suerte de custodio informal de Fittipaldi. 

En esta comunicación, que fue grabada, un sujeto al que se identificó como "Gringo Gómez" (ahora preso en una causa conexa) le exigió que se apartara del sindicato, afirmando que habían invertido altas sumas de dinero, en dólares, para financiar la lista apadrinada por Franco Saillén y asegurar la victoria electoral por cuestiones económicas y operativas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En ese sentido, declaraciones incorporadas al expediente sostienen que el trasfondo de la disputa no se limitaba a una simple puja sindical, sino al control territorial de la provincia, el manejo de cajas millonarias y la presunta utilización de la estructura gremial (que abarca colegios, hospitales y reparticiones públicas) para la inserción e influencia de redes delictivas y de narcotráfico.

La propia fiscal Fernández, al elevar la causa a juicio, remarcó que detrás del crimen se advertía "un entramado de relaciones y disputas de poder y dinero atravesado por negocios vinculados con el narcotráfico, gremios y barras bravas". Un código de silencio que fue muy difícil de doblegar durante estos tres años.

Lo mismo dijo, tanto al iniciar como al cerrar las audiencias, la fiscal de Cámara Battistelli.

Pero toda esta trama no llegó al banquillo de los acusados, donde solamente estaban sentados Herrera y Vallejos. Y fue sólo la participación o no de ellos dos en el crimen lo que terminó por juzgarse durante las audiencias de este juicio.

Fittipaldi sí llegó a la sala, pero como víctima de esta situación. Para la instrucción de la causa, el líder de Soelsac no tuvo responsabilidad por haber llevado a las afiliadas a aquel asado sindical pese a conocer la tensión que se venía acumulando a raíz de los diferentes enfrentamientos y las amenazas que ya se habían registrado.

Se comprobó que varios de los miembros de “La Fiel” que hacían las veces de custodia, ya que no se habían contratado servicios adicionales de la Policía, estaban armados ese día.

Franco Saillén, en tanto, jamás fue convocado para declarar, ni en la instrucción ni ahora en el juicio.

Ante los jueces de la Cámara 3 del Crimen, Fittipaldi reiteró lo que ya había denunciado en la instrucción: Saillén y el Surrbac querían controlar Solesac para expandir, supuestamente, la venta de droga.

El dato, cuando se hizo público, ahora en el juicio, obligó a una fiscal federal, María Virginia Miguel Carmona, a abrir una causa de oficio. Sin embargo, hasta hoy Fittipaldi nunca ratificó su grave acusación en la Justicia Federal.

Presentó distintos certificados médicos para excusarse de ir. 

La fiscal Miguel Carmona abandonó el cargo, ya que asumió como jueza federal en Catamarca. Queda pendiente, ahora, si el fiscal subrogante que la reemplazó, Gabriel González Da Silva, insistirá para que Fittipaldi le cuente a la Justicia federal lo que denunció en su momento.

González Da Silva quedó en reemplazo temporal del titular de esa fiscalía, Enrique Senestrari, de licencia médica. El dato de que sea Senestrari el que pueda llegar a indagar la vinculación narco en el medio de la batalla de estos sindicatos intranquiliza a más de uno.

A todo esto, el fiscal General adjunto de Córdoba, Héctor David, quien ha tenido una participación muy activa al lado del trío de fiscales que actuó durante el juicio, anunció, tras el final del juicio, que designaba al fiscal del fuero de Lucha Contra el Narcotráfico (narcomenudeo) Carlos Cornejo para investigar los presuntos delitos relacionado al submundo de las drogas en torno a esta causa.

¿Por qué abren esta causa recién ahora, cuando ya inició un expediente de oficio la Justicia Federal, si al dato Fittipaldi lo había aportado en 2024, durante la instrucción? 

Al mismo tiempo, David también resolvió que 12 causas por peleas entre ambos gremios, previas al asesinato de Gabriela, y que eran investigadas en otras dos fiscalías (de Guillermo González y Patricia García Ramírez) también se acumulen en la fiscalía de Fernández, a quien la Cámara 3 del Crimen le ordenó continuar investigando el asesinato de Gabriela, aún impune.

El lunes pasado, horas antes de que se conocieran los fundamentos, el Ministerio Público Fiscal divulgó una gacetilla en la que se informó que David y la fiscal Fernández se habían reunido con la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, para solicitarle ayuda en la búsqueda del principal prófugo que tiene esta causa, Luis Mendoza.

Mendoza, sobrino del condenado Vallejos, hace tres años que está prófugo. Ahora, es la primera vez que el Ministerio Público Fiscal publica algo en relación a su búsqueda.

A esta altura, son varios los que pregunta por qué la Policía de Córdoba no ha logrado encontrar a este personaje clave, según la investigación, a lo largo de todo este tiempo. ¿Quién protege a Mendoza? Y, sobre todo, ¿por qué?

En la causa, siempre se sostuvo que fue Mendoza el que llevó al sicario ese día hasta las inmediaciones del club Yapeyú.

Tanto Mendoza como su tío Vallejos están vinculados a la interna por el control de “La Fiel”. Ambos se reportan a Carlos Pacheco, un exjefe de la barra que cayó en desgracia interna, ya que perdió poder y se le aplicó el derecho de admisión para que no pudiera ingresar a los partidos de Talleres. Desde entonces, se viene enfrentando a los actuales líderes de la organización, Fernando "el Paisa" Larraona y el propio “Ciego” Cardozo.

Es por ello que en los fundamentos los jueces también apuntaron a una doble hipótesis que tampoco se podía descartar a la luz de las pruebas reunidas en la causa: el tiroteo contra el club Yapeyú también podía interpretarse como un ataque entre las facciones de “La Fiel”.

Recordaron que tiempo atrás, en el marco de este enfrentamiento, ya había sido baleada la casa de un familiar de Cardozo. 

Y, sobre todo, que momentos antes del ataque a tiros que se cobró la vida de Gabriela, Vallejos había perseguido en auto, durante algunos kilómetros, al “Ciego” Cardozo, hasta que un grupo de subalternos de Cardozo salieron en su ayuda y lograron interceptar al vehículo de Vallejos. 

Este último ya había amenazado al “Ciego”, al que lo responsabilizaba por el derecho de admisión que les habían aplicado para no poder entrar a la cancha.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Herrera, al que acusaban de ser el presunto sicario, no tiene vínculos conocidos ni con los gremios ni con “La Fiel”.

Tres años después del asesinato de Gabriela, todo continúa en el ámbito de las conjeturas. En Tribunales, ha llamado la atención la reacción de los fiscales acusadores tras la absolución del principal imputado.

Esta semana, además de los fundamentos, se conoció que el fiscal General adjunto David denunció ante el Tribunal de Ética Judicial al Tribunal de la Cámara 3 del Crimen por una presunta “violación sistemática de la independencia orgánica y funcional del Ministerio Público Fiscal”, además de “incurrir en conductas arbitrarias y hostiles” durante el desarrollo del juicio. Lo hizo antes de conocerse los fundamentos.

En la presentación no sólo aludió a la causa por el crimen de Gabriela sino al expediente conocido como “Bomberos SA”, en el que el fiscal de Cámara Marcelo Hidalgo anunció que había llegado a un acuerdo de juicio abreviado con la mayoría de los acusados, por lo que sólo un exjefe de Bomberos iría a juicio abierto.

Se trata de otro expediente muy caliente en Tribunales, que tiene muchos ojos encima, y cuyo final se ha direccionado en varios lados a la vez: algunos acusados acordaron juicios abreviados con el fiscal instructor Guillermo González y otros lo hicieron ahora antes del juicio, con Hidalgo. Por eso, la Cámara no puede resolver la totalidad de los acuerdos, sino sólo algunos.

En las últimas horas, trascendió que la Cámara no vería con malos ojos que se cayeran esos pactos abreviados para poder llevar a la mayoría de los acusados a un juicio abierto, oral y público, algo con lo que el Ministerio Público Fiscal no estaría de acuerdo. Se trata de otra batalla palaciega, que aún no comenzó.

Temas