Por una disputa millonaria, La Calera está con el servicio de agua severamente restringido
La empresa prestadora Colón Punilla reclamó una deuda de $1.200 millones, pero el municipio la acusó de deber impuestos por una cifra similar. Piden la intervención del Gobierno provincial para normalizar el suministro.
23/07/2026 | 12:34Redacción Cadena 3
FOTO: Fuerte cruce con la Municipalidad de La Calera por el servicio de agua. (El Objetivo)
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Siempre Juntos
La ciudad de La Calera enfrenta una fuerte restricción en el suministro de agua potable en medio de un prolongado conflicto entre la Municipalidad y Colón Punilla Agua y Saneamiento S.A., empresa encargada de proveer el recurso en bloque.
El intendente Fernando Rambaldi responsabilizó este jueves al Gobierno de Córdoba por la situación y reclamó una intervención urgente para normalizar el servicio. Según denunció el Ejecutivo local, la compañía redujo la entrega al 20% del volumen habitual, lo que representa una restricción del 80%.
El conflicto se arrastra desde hace varios meses y se encuentra bajo análisis del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP). La empresa reclama al municipio una deuda superior a los $1.200 millones por la provisión de agua, mientras que las autoridades locales sostienen que la firma mantiene obligaciones tributarias por una cifra similar.
Agustín Nicolás Anglada Allende, asesor letrado de la Municipalidad de La Calera, explicó a Cadena 3 que la controversia económica y jurídica terminó afectando directamente a los habitantes. "El pueblo de La Calera se encuentra con una restricción del servicio de agua del 80% por una discusión jurídica que se está tramitando de urgencia ante el ERSeP con la empresa Colón Punilla Agua y Saneamiento", señaló.
El funcionario indicó que la compañía asegura que el municipio mantiene impagas las prestaciones recibidas, pero remarcó que desde la administración local plantearon un reclamo por tasas municipales. "Ellos alegan que nosotros debemos la prestación del agua y nosotros hemos manifestado que deben tasas municipales por una suma prácticamente equivalente a la que reclaman", precisó.
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Anglada Allende también cuestionó la situación administrativa de la firma. Según afirmó, la empresa posee un permiso precario, otorgado por la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI), para vender agua en bloque, pero esa autorización estaría vencida.
Además, sostuvo que Colón Punilla no se habría dado de alta ante el municipio como prestadora de servicios, pese a que la planta potabilizadora se encuentra dentro del ejido de La Calera. "No están habilitados en la Municipalidad como cualquier comercio de barrio. Por eso debimos iniciar un proceso de determinación de oficio de esa deuda", explicó.
El asesor letrado calificó como "ilegal" la reducción del suministro y afirmó que la empresa tomó una decisión unilateral, sin cumplir un procedimiento previo ni establecer un plazo para la normalización. "Es una cuestión muy grave dejar a una ciudad de 60.000 habitantes sin agua. Tomaron una vía de hecho y restringieron el sistema sin plazos y sin determinar por cuánto tiempo", advirtió.
La Municipalidad presentó un pedido formal para que la Provincia intervenga y el ERSeP resuelva la controversia, mientras se espera una respuesta oficial.
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Informe de Gonzalo Carrasquera.
Lectura rápida
¿Qué problema enfrenta La Calera? La ciudad enfrenta una fuerte restricción en el suministro de agua potable debido a un conflicto con Colón Punilla Agua y Saneamiento S.A.
¿Quién es el responsable del conflicto? El intendente Fernando Rambaldi responsabiliza al Gobierno de Córdoba por la situación del suministro de agua.
¿Cuándo comenzó el conflicto? El conflicto se arrastra desde hace varios meses y está bajo análisis del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP).
¿Dónde se encuentra la planta potabilizadora? La planta potabilizadora de Colón Punilla se encuentra dentro del ejido de La Calera.
¿Por qué se ha reducido el suministro de agua? La empresa Colón Punilla ha reducido la entrega al 20% del volumen habitual, lo que representa una restricción del 80% debido a controversias económicas y jurídicas.
