Rosúa, sobre el nuevo paquete de seguridad de Pullaro: "El delito bajó, pero no terminó"

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   Cadena 3 Rosario

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La Cámara de Diputados de Santa Fe continúa este miércoles el debate sobre el paquete de reformas en seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro. A las 14 habrá una reunión conjunta de las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General, con la participación prevista de colegios de abogados, organizaciones de derechos humanos y entidades vinculadas con la inseguridad.

Las iniciativas proponen modificaciones al régimen procesal penal, al sistema de inteligencia, al régimen penitenciario y a las facultades de las fuerzas de seguridad. El objetivo planteado por el Gobierno provincial es ampliar las herramientas estatales para prevenir e investigar delitos, en una discusión que también incluye advertencias de sectores judiciales sobre los controles y las garantías constitucionales.

En ese marco, el diputado provincial de Unidos y presidente de la Comisión de Seguridad, Martín Rosúa, defendió la propuesta en diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario y sostuvo que las nuevas medidas buscan consolidar los resultados obtenidos en la lucha contra el delito. “Hay un cambio de paradigma y tiene que haber un cambio de paradigma. Nosotros nos pasamos discutiendo cómo limitamos al Estado en la persecución de los delincuentes, pero hoy tenemos que empezar a discutir cómo el Estado empieza a cumplir sus obligaciones para con las víctimas y para con la sociedad”, afirmó.

Rosúa recordó que el departamento Rosario registró 290 homicidios en 2022 y 261 en 2023. También destacó las primeras reformas de la gestión de Pullaro, entre ellas las leyes de emergencia en seguridad, inteligencia criminal, intervención en las cárceles y microtráfico. Según señaló, esas medidas permitieron reducir un 70% los homicidios en el departamento Rosario.

Sin embargo, el legislador advirtió que la baja de los crímenes no significa que las bandas hayan dejado de operar. “El delito no termina, las organizaciones criminales no desaparecieron, están buscando reorganizarse y cambiar su manera de operar y por eso necesitamos esta segunda generación de herramientas para consolidar lo que hemos podido lograr en estos años e impedir que estas organizaciones criminales recuperen poder”, sostuvo.

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Uno de los puntos más discutidos del paquete es la posibilidad de realizar determinadas intervenciones policiales urgentes antes del control judicial posterior. Frente a las objeciones sobre una eventual afectación de las garantías, Rosúa defendió el mecanismo y explicó: “Lo que se hace es un reordenamiento temporal donde primero se toma la medida urgente y después se aplica el control”. Según argumentó, la intención es responder con mayor rapidez ante situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad pública.

El diputado también justificó la posibilidad de que la Policía obtenga información de personas presentes en una escena del delito sin la intervención inmediata de un abogado, cuando resulte necesario para evitar un peligro inminente. “Si esa persona que vos estás interrogando para obtener información vital en esos primeros momentos de la comisión de un delito te puede permitir salvar la vida de otra persona, cortar con una balacera o terminar con un robo, si esa persona decide no prestar declaración ahí, automáticamente se convoca a su abogado defensor y las garantías quedan cubiertas”, explicó.

Ante las críticas de sectores judiciales y especialistas, Rosúa pidió analizar las propuestas en función de los problemas que buscan resolver y de los controles previstos. “Creo que son cuestiones que las tenemos que discutir en concreto, no con sesgo ideológico como lo discute la gran mayoría de los que critican estas cuestiones, sino que lo que tenemos que analizar es cada problema, la herramienta, la proporcionalidad de ese problema y esa herramienta para solucionarlo, y cuáles son los controles que nosotros ponemos en la ley para que se respeten las garantías y los derechos constitucionales”, remarcó. Además, valoró la participación de los siete ministros de la Corte Suprema provincial en el debate y señaló que sus observaciones pueden contribuir a mejorar los proyectos. El oficialismo apunta a llegar a la sesión del 29 de octubre con un dictamen y avanzar en la sanción del paquete, mientras continúa la discusión sobre el alcance de las nuevas facultades estatales y los mecanismos de control judicial.

Entrevista de Hernán Funes.

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