Cuidacoches en Santa Fe: "Se sanciona la exigencia de dinero en la vía pública"

El diputado provincial y presidente de la Comisión de Seguridad, Martín Rosúa, se refirió a los cambios introducidos en la norma sobre cuidacoches que ya tuvo tratamiento legislativo en Santa Fe y ahora espera la definición del Senado. Según explicó, el objetivo es ordenar el uso del espacio público y fijar sanciones para quienes exijan dinero en la vía pública mediante prácticas que pueden incluir intimidación.

Rosúa detalló que el esquema se apoya en dos niveles: una contravención provincial y la potestad de los municipios para intervenir sobre el uso de calles y zonas comunes. “Es una figura complementaria”, señaló, y remarcó que la provincia establece las sanciones, mientras que cada ciudad deberá definir su propia ordenanza para ponerla en marcha.

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En ese marco, también explicó cómo se articulará el sistema judicial. Indicó que en Santa Fe y Rosario se sumarán magistrados para atender este tipo de causas junto con el resto del trabajo penal. La intención es que las grandes ciudades tengan capacidad específica para intervenir en este tipo de hechos.

Uno de los puntos centrales del planteo estuvo en el rol de la acusación. Rosúa fue contundente al marcar diferencias sobre quién debe llevar adelante estas acciones: “el Ministerio Público de la Acusación se tiene que dedicar a perseguir el delito”, afirmó, al justificar que la aplicación de esta norma quede en manos de los municipios.

El legislador también describió la carga actual del sistema judicial en Rosario, con unas 600 audiencias orales pendientes y decenas de miles de investigaciones en trámite. En ese escenario, sostuvo que la demanda sobre fiscales, policía y áreas de investigación es muy alta y forma parte del cuadro general de la seguridad en la ciudad.

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Además, señaló que la violencia urbana en Rosario obligó a sostener un trabajo permanente de distintas áreas del Estado. Según planteó, la interacción entre fuerzas de seguridad, fiscalías y juzgados es intensa y se concentra en hechos vinculados a la calle y al espacio público.

Sobre la aplicación concreta de la norma, explicó que los municipios podrán intervenir junto a la policía para frenar la actividad cuando se detecten casos de cobro indebido por estacionamiento o cuidado de vehículos. Las sanciones pueden incluir trabajo comunitario y, en determinados supuestos, arresto.

El cierre quedó abierto a la decisión del Senado, que podría tratar la iniciativa en la próxima sesión. Para Rosúa, la prioridad es que la herramienta quede firme cuanto antes: advirtió que el debate legislativo no puede prolongarse y que la norma busca dar una respuesta directa a un problema cotidiano en las principales ciudades de la provincia.

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