Seis militares retirados son juzgados en el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en Ecuador

Quito (AP) — Seis militares retirados acusados de violar los derechos humanos de tres personas que integraron un grupo guerrillero en los años 80 enfrentaron desde el miércoles el primer juicio en la historia de Ecuador por crímenes de lesa humanidad.

Los juzgados como presuntos ejecutores de distintos delitos, que estuvieron en las filas del Ejército, son Luis Eduardo Piñeiros, general retirado y a su vez exministro de Defensa; Juan Raúl Viteri y Mario Apolo, ambos ex comandantes de la Agrupación de la Escuela de Inteligencia Militar 84-87; Manuel Delgado, exdirector de Inteligencia del Ejército; Nelson Enríquez, ex jefe de la Unidad de Contrainteligencia, y Fernando Ron, médico de la Agrupación de la Escuela de Inteligencia Militar.

La Fiscalía sostuvo que cuando gobernó el fallecido expresidente León Febres Cordero (1984-1988) funcionó una "estructura estatal" que realizaba "operaciones encubiertas" como detenciones clandestinas y técnicas de interrogatorio contra personas consideradas como un "enemigo interno".

Fue durante ese gobierno de línea conservadora cuando surgió la agrupación guerrillera Alfaro Vive Carajo (AVC), de inspiración izquierdista y que se adjudicó varios actos ilícitos. Febres Cordero respondió con una política de mano dura que fue cuestionada por organismos internacionales que denunciaron violaciones a derechos humanos producto de la represión estatal.

Según el fiscal Leonardo Alarcón, quien lideró la acusación ante el tribunal penal, el 10 de noviembre de 1985 Luis Alberto Vaca, Susana Cajas, y Francisco Jarrín —señalados como militantes del disuelto grupo AVC —fueron detenidos sin orden judicial.

Tras ser llevados a un batallón militar, las víctimas habrían sido sometidas a "interrogatorios violentos, torturas físicas y psicológicas, y tratos crueles" por un lapso de 16 días. Cajas y Jarrín fueron liberados, pero Vaca permaneció retenido por dos años "bajo custodia militar", aseveró el fiscal.

Estos actos, puntualizó Alarcón, afectaron los derechos de las víctimas y sus familiares a la libertad, integridad y dignidad humana, entre otros, y "constituyen crímenes de lesa humanidad".

La Fiscalía denunció que varias dilaciones judiciales como cambio de fiscales, posposiciones, excusas de jueces y nulidades procesales, entre otros actos que ha tachado de "negligencia judicial" han demorado el caso por varios años.

Para el abogado de las víctimas, Juan Pablo Albán, pese a los años transcurridos realizar el juicio es "indispensable" y constituye "un momento importante en la historia nacional". "No se justifica todo en el combate a la delincuencia, en ese momento a la subversión, hay límites y el límite infranqueable es la dignidad de los seres humanos", subrayó.

En 2010, una comisión de la verdad determinó que "durante el gobierno de León Febres Cordero se diseñó y ejecutó una política estatal con la que de manera sistemática y generalizada se cometieron privaciones ilegales de la libertad, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas", lo cual ha sido negado por exfuncionarios del gobierno. Febres Cordero murió en 2008.

La comisión de la verdad en su informe final presentó 65 casos con 311 víctimas de violaciones a derechos humanos ocurridos en el contexto de represión entre 1984 y 1985; sin embargo, se aclara que no son la totalidad de los casos ocurridos sino aquellos que pudieron investigarse y verificarse.

Se prevé que la audiencia se extienda por varios días.

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