Jueces federales en dos estados estudian recursos contra el trato del gobierno a Ábrego García

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Jueces federales en dos estados consideraron el viernes los recursos al trato dispensado por el gobierno de Estados Unidos a Kilmar Ábrego García, cuya deportación errónea a El Salvador impulsó la oposición a la política migratoria del presidente Donald Trump y a su agenda de deportaciones masivas.

En Maryland, Ábrego García recurrió los esfuerzos para volver a deportarlo a un tercer país después de que el gobierno admitió que una orden previa impide su expulsión a su país de origen, El Salvador. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) indicó recientemente que planea enviarlo a Esuatini, en África.

La jueza de distrito de Estados Unidos Paula Xinis ordenó a funcionarios gubernamentales que declaren el viernes sobre las medidas que se han tomado para trasladar a Ábrego García a Esuatini o cualquier otro país. Sus abogados acusaron al gobierno republicano de intentar usar ilegalmente el sistema migratorio para castigar a Ábrego García tras la embarazosa situación con su deportación errónea.

Por otra parte, sus abogados presentaron alegaciones similares ante la corte penal de Tennessee por los cargos de tráfico de personas presentados contra Ábrego García en junio, el mismo día en que fue devuelto a Estados Unidos desde El Salvador. El juez de Tennessee concluyó que el proceso contra Ábrego García podría ser una represalia ilegal tras el éxito de su demanda contra el gobierno de Trump por su deportación.

Los cargos de tráfico de personas se derivaron de una parada de tráfico en Tennessee en 2022. En aquel momento no fue acusado y las autoridades no comenzaron a investigar el incidente hasta principios de este año después de que su esposa recurriera su deportación. La vista del viernes determinó el tipo de documentos que los abogados de Ábrego García pueden solicitar en la fase de presentación de pruebas para intentar demostrar su teoría sobre las represalias.

Los funcionarios del gobierno de Trump llevaron a cabo una implacable campaña pública contra Ábrego García, refiriéndose repetidamente a él como miembro de la pandilla MS-13, entre otras cosas, a pesar de que no ha sido condenado por ningún delito.

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