Explosión en Colombia marca el inicio del gobierno de Abelardo de la Espriella y su política de seguridad

CALI, Colombia — Un día después de que el presidente Abelardo de la Espriella asumiera su cargo, se produjo un ataque con explosivos en el suroeste del país, marcando el primer incidente de este tipo durante su administración, según informó el ejército el sábado.

La explosión tuvo lugar en el peaje de Mandiva, situado en la vía Panamericana, que es la principal ruta vial de la región. El ejército confirmó que dos vigilantes que se encontraban en el lugar resultaron con heridas leves.

Según uno de los vigilantes, la explosión fue ocasionada por un vehículo que había sido abandonado por un individuo que luego escapó en motocicleta. La información preliminar sugiere que el ataque fue llevado a cabo por las facciones Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, que forman parte de las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), las cuales no se adhirieron al acuerdo de paz firmado hace una década.

En respuesta a este ataque, las fuerzas militares han asegurado la zona y están realizando recorridos con canes entrenados para descartar la presencia de otros artefactos explosivos, como se comunicó en la cuenta oficial del ejército en X.

La ministra de Transporte, Elsa Noguera, condenó lo que calificó como un "atentado terrorista", afirmando que "Colombia no se va a arrodillar ante la violencia ni va a permitir que destruyan las obras que conectan a nuestras regiones". Además, aseguró que se está trabajando para restablecer la movilidad en la zona afectada.

El ataque se produjo en la vía que conecta los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, donde Cali fue la sede del acto de juramentación de De la Espriella. Durante esta ceremonia, el nuevo presidente delineó su política de seguridad y advirtió a los grupos ilegales que "tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza pública".

Tras su posesión, se llevó a cabo en Cali el primer consejo de seguridad del nuevo gobierno. Según la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se decidió articular la fuerza pública para "ejercer un verdadero control sobre las economías ilícitas y recuperar la seguridad de nuestros territorios".

En otra medida, De la Espriella anunció el traslado de 117 prisioneros vinculados a procesos de paz del anterior gobierno a prisiones de máxima seguridad, con el fin de "recuperar el control permanente de las cárceles" y "contener cualquier capacidad de las estructuras criminales" para coordinar acciones ilícitas desde dentro.

Los prisioneros fueron reubicados en ocho centros penitenciarios de alta seguridad en las ciudades de Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.

El gobierno se comprometió a ejercer control en las prisiones "con autoridad y dentro del marco constitucional", según lo declarado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPEC).

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