Estafa de abogada a inmigrantes: miles de visas humanitarias comprometidas

NUEVA ORLEANS — Una abogada en el estado de Washington ha sido acusada de prometer "milagros" a decenas de miles de inmigrantes que buscaban obtener un estatus legal en los Estados Unidos. En lugar de cumplir con sus promesas, Alexandra Lozano habría fabricado relatos falsos de violencia doméstica y trata de personas para tramitar visas humanitarias sin el conocimiento de sus clientes, según múltiples demandas y una investigación ética.

Las demandas indican que Lozano se aprovechó de la vulnerabilidad de los inmigrantes, vaciando sus cuentas bancarias y dejándolos expuestos a procesos de deportación. Se le acusa de contratar a personal sin las credenciales necesarias y de implementar un sistema de trabajo en cadena para acelerar las solicitudes, incluso llegando a falsificar las firmas de los clientes en documentos que nunca vieron.

Gabriel Martinez Garcia, de 30 años, quien confió en Lozano para gestionar el estatus migratorio de su familia, expresó su desilusión. Tras pagar 30.000 dólares, asegura que su madre enfrenta un proceso de expulsión a pesar de estar casada con un ciudadano estadounidense. "Creímos en ella, y nos falló", afirmó.

El bufete de Lozano, Luz del Camino Legal, cerró este mes en medio de acusaciones crecientes. En lugar de enfrentar sanciones por parte del colegio de abogados, Lozano optó por ceder su licencia, aunque niega cualquier irregularidad.

A pesar de que las estafas relacionadas con servicios migratorios están en aumento, el caso de Lozano destaca por su magnitud, con más de 53.000 casos pendientes asociados a su firma.

No está claro cuántos de estos casos fueron fraudulentos ni hasta qué punto los clientes eran conscientes de las irregularidades. Sin embargo, quienes la demandan aseguran que no tenían idea de las acciones ilícitas. Las repercusiones de este escándalo están impactando el sistema migratorio, generando una crisis de confianza.

El gobierno de Trump había comenzado a reformar los programas humanitarios que Lozano habría explotado, argumentando que el aumento de solicitudes desde 2020 indicaba un fraude generalizado. Las nuevas políticas han endurecido las restricciones y ralentizado los procesos, afectando a víctimas legítimas.

Lozano se especializaba en obtener visas bajo la Ley de Protección de Víctimas de Trata y Violencia y la Ley de Violencia contra la Mujer, las cuales son más accesibles para las víctimas de abuso. Sin embargo, abogados en el área sostienen que su enfoque también facilitó la explotación de estos programas por parte de bufetes de abogados.

Los antiguos clientes ahora se apresuran a obtener sus expedientes del bufete cerrado. Muchos han solicitado unirse a demandas colectivas en busca de compensación por mala praxis, mientras que otros temen que sus caminos hacia un estatus legal se hayan visto comprometidos.

Este escándalo ha generado un fuerte impacto en la comunidad inmigrante, con muchos exclientes enfrentando la incertidumbre de su situación migratoria y la posibilidad de deportación. "Rezo todos los días por mi madre", comentó Garcia Martinez, quien vive con el temor constante de que su madre sea deportada.

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