Crisis en Sinaloa: vicefiscal se separa tras acusaciones de narcotráfico en EE.UU.

CIUDAD DE MÉXICO — El vicefiscal del estado de Sinaloa, Dámaso Castro, ha decidido separarse de su cargo a raíz de las acusaciones que lo involucran junto al gobernador del estado y otros ocho funcionarios en presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y la tenencia ilícita de armas, formuladas por la fiscalía de Nueva York.

La renuncia de Castro se produce apenas cuatro días después de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el alcalde de la capital del estado, Juan de Dios Gámez, ambos del partido gobernante Morena, anunciaron su separación temporal del cargo para colaborar con las investigaciones que se llevan a cabo en México sobre este caso, que ha generado una intensa controversia en el país.

La Fiscalía de Sinaloa emitió un breve comunicado indicando que Castro presentó una solicitud de "licencia sin goce de sueldo" y que se pondrá a disposición de las autoridades para atender cualquier requerimiento relacionado con las acusaciones.

Hace casi dos años, Castro ya había estado envuelto en una polémica, luego de que el Ministerio Público reconociera fallas y omisiones en la investigación sobre el asesinato del político y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Cuén Ojeda, ocurrido el 25 de julio de 2024.

La situación se complicó aún más cuando la defensa del excapo detenido Ismael "El Mayo" Zambada hizo pública una carta del narcotraficante, en la que afirmaba que Cuén Ojeda, rival político de Rocha Moya, fue asesinado durante una operación en la que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López, hijo del también condenado Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Guzmán López y Zambada fueron arrestados el 25 de julio de 2024 en Texas en una operación confusa, sobre la que México ha solicitado explicaciones a Estados Unidos, que hasta el momento no han sido proporcionadas. La fiscalía de Nueva York hizo pública la semana pasada una acusación por tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas contra Rocha Moya, Gámez, Castro y otros siete funcionarios, incluyendo un senador de Morena y policías activos y retirados.

En la acusación, se señala que estos diez funcionarios desempeñaron un papel crucial en la facilitación de la facción del Cártel de Sinaloa conocida como "Los Chapitos", que está integrada por los hijos de "El Chapo", para introducir fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos.

La Fiscalía General de la República de México anunció que no procederá con las detenciones provisionales con fines de extradición solicitadas por Estados Unidos, argumentando que "no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia" que justifique dicha medida. El titular de la fiscalía especializada de control competencial, Raúl Jiménez Vázquez, afirmó que no existían evidencias en los documentos enviados por las autoridades estadounidenses que acrediten un delito que justificara la detención provisional, y se solicitarán las pruebas necesarias para verificar la situación.

En paralelo a las acciones de las autoridades estadounidenses, la Fiscalía General de México ha decidido iniciar su propia investigación sobre el caso. Tanto Rocha Moya como otros funcionarios han rechazado las acusaciones, asegurando que el proceso busca atacar al partido Morena.

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