Corte Suprema permite a estados de EEUU recortar fondos de Medicaid a Planned Parenthood

WASHINGTON (AP) — La Corte Suprema se pronunció el jueves, permitiendo a los estados bloquear el financiamiento de Medicaid a Planned Parenthood, el principal proveedor de abortos en Estados Unidos, para diversos servicios médicos que incluyen anticonceptivos y chequeos de cáncer.

Esta decisión, que se emitió con un voto dividido de 6-3, fue redactada por el juez Neil Gorsuch y respaldada por los miembros conservadores de la Corte. Aunque no abordó directamente el tema del aborto, ocurre en un contexto donde los republicanos impulsan la desfinanciación de la organización en todo el país. También representa un importante obstáculo judicial para Planned Parenthood en su intento por salvaguardar su financiación de Medicaid, que se basaba principalmente en las demandas de pacientes.

A pesar de que la legislación de Medicaid asegura a los pacientes la elección de su proveedor, la Corte determinó que esto no establece un derecho legal que pueda ser exigido en los tribunales.

El financiamiento público generalmente no cubre abortos, pero muchos pacientes recurren a Planned Parenthood para otras necesidades de salud, en parte por la dificultad de encontrar médicos que acepten seguros públicos, según ha indicado la organización.

El gobernador republicano de Carolina del Sur declaró que la organización no debería recibir financiamiento de los contribuyentes. La nueva propuesta presupuestaria, que cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump, también sugeriría recortes a la financiación de Medicaid para Planned Parenthood, lo que podría dar lugar al cierre de aproximadamente 200 centros de atención, principalmente en estados donde el aborto sigue siendo legal, según la organización.

El gobernador Henry McMaster había intentado bloquear la financiación de Medicaid para Planned Parenthood en 2018, pero su intento fue detenido en los tribunales por una denuncia de una paciente llamada Julie Edwards. Edwards gestionó su demanda debido a que deseaba continuar recibiendo anticonceptivos en la organización, considerando que su diabetes podría complicar un posible embarazo.

Carolina del Sur sostiene que los pacientes no deberían tener la capacidad de presentar estas acciones legales. Argumentaron ante las cortes inferiores que decisiones similares ya permitieron que estados como Texas prohibieran la financiación de Medicaid a Planned Parenthood.

La mayoría de los jueces coincidieron en que las decisiones sobre la aplicación de estas normas deberían dejarse en manos de los representantes electos y no de los jueces. Gorsuch escribió que “las decisiones sobre si permitir la aplicación privada plantean cuestiones de política delicadas que involucran costos y beneficios que deben ser considerados por representantes elegidos”. Los pacientes pueden apelar a otros mecanismos administrativos si se les niega la cobertura, añadió.

McMaster celebró la decisión de la Corte, afirmando que habían absorbido una postura para proteger la vida y defender los valores de Carolina del Sur y, al fin, se sintieron vencedores.

La jueza Ketanji Brown Jackson, quien se unió al disenso con sus colegas liberales, argumentó que esta decisión “probablemente causará un daño tangible a personas reales”.

Jackson señaló que privará a los ciudadanos de Carolina del Sur, y a muchos beneficiarios más de Medicaid en el país, de “una libertad profundamente personal: la capacidad de decidir quién les brinda atención durante sus momentos más vulnerables”.

Otros estados podrían ahora seguir el ejemplo de Carolina del Sur y excluir a Planned Parenthood de los programas financiados pública y estatalmente, opinión compartida por Destiny Lopez, directora ejecutiva del Instituto Guttmacher, organización que defiende los derechos al aborto.

Lopez afirmó que esta decisión representa un ataque sistemático al acceso a la salud reproductiva y presagia lo que podría suceder en el futuro.

Grupos de salud pública, como la Sociedad Americana del Cáncer, han resaltado en expedientes judiciales que la vía de demandas es la única manera en que los pacientes de Medicaid han logrado ejercer su derecho de elección en la selección de su médico. La pérdida de esta capacidad afectaría el acceso a atención médica de quienes participan en el programa, que se estima incluye aproximadamente a una cuarta parte de la población del país. Las zonas rurales serían las más perjudicadas, señalaron defensores en documentos judiciales.

En Carolina del Sur, Planned Parenthood recibe anualmente 90.000 dólares en fondos de Medicaid, que representa una fracción del presupuesto total de Medicaid del estado. Esto se produce tras la prohibición del aborto a las seis semanas de gestación, la cual fue impuesta después de que el máximo tribunal despojara el aborto de su estatus como derecho nacional en 2022. El gobierno del estado afirma que otros proveedores podrán cubrir la falta de servicios de salud que dejaría la salida de Planned Parenthood del programa Medicaid.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

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