Bolivia se prepara para eliminar subsidios a combustibles y cerrar empresas públicas

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) -- El Gobierno de Bolivia defendió el jueves su decisión de eliminar, a partir de enero de 2027, la subvención estatal a los combustibles, aclarando que esta medida no es una exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un crédito de 1.900 millones de dólares. En esta misma línea, se anunció el cierre de hasta 10 empresas públicas, aunque no se especificaron cuáles.

Durante una conferencia de prensa, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, afirmó: "No hay ningún condicionamiento en ese sentido; es un tema que nosotros hemos construido dentro del marco de las políticas fiscales y económicas que tenemos que sacar como país". Además, destacó que la eliminación del subsidio es parte de una estrategia para liberar recursos públicos que se destinarán a financiar hospitales, colegios, carreteras e infraestructura productiva.

El presidente Luis Arce Morales respaldó la política acordada con el FMI, considerándola adecuada para fomentar el crecimiento económico de Bolivia. El compromiso de eliminar la subvención a los combustibles está detallado en el punto 13 del Memorando de Políticas Económicas y Financieras enviado al FMI, donde se establece que los precios de los carburantes deberán alcanzar, desde enero de 2027, un nivel que permita recuperar costos.

Morales precisó que el Gobierno incrementará el gasto en asistencia social para mitigar el impacto de esta medida en los sectores más vulnerables. El desmontaje parcial de la subvención comenzará a finales de diciembre de 2025, ya que se considera que el subsidio beneficia a sectores específicos y favorece a las economías de países vecinos.

La eliminación total del subsidio será revisada a finales de este año, y el ministro aseguró que se atenderá a los sectores más desfavorecidos ante posibles efectos de los ajustes en los precios de los carburantes. Esta decisión marca un cambio en la política que Bolivia ha mantenido durante años, que consistía en mantener los precios internos de los combustibles por debajo de sus costos de importación y producción.

En cuanto al cierre de empresas públicas, Morales anunció que se están preparando para cerrar hasta diez de ellas en un intento por reducir el gasto estatal. Este anuncio se realizó en un contexto de necesidad de mayor eficiencia en el uso de recursos del Estado.

El ministro indicó que la medida se implementará "en el muy corto plazo", aunque la decisión final dependerá de una evaluación financiera y jurídica de cada empresa. "Tenemos que ser mucho más eficientes con nuestros propios recursos", enfatizó.

Según Morales, esta política busca disminuir la carga que representan para el Estado aquellas empresas que no cumplen con los objetivos para los que fueron creadas. Recientemente, la Oficina Técnica de Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) realizó un diagnóstico a 67 empresas estatales y determinó que 15 de ellas están en quiebra técnica.

El funcionario aclaró que el cierre de las empresas no será automático, ya que cada una presenta una situación particular. El Gobierno evaluará cómo resolver los activos, pasivos y obligaciones pendientes antes de proceder a su liquidación.

Además, el ministro informó que el Gobierno ya ha logrado reducir aproximadamente un 30 por ciento de la carga burocrática en las entidades del nivel central, lo que ha generado un ahorro de alrededor de 2.000 millones de bolivianos (aproximadamente 158 millones de dólares).

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