Aborto en Colombia: barreras persisten en regiones de conflicto armado a pesar de la legalización

BOGOTÁ — Desde hace cuatro años, el aborto es legal en Colombia hasta la semana 24 de gestación, pero el acceso a este servicio varía considerablemente según la región. En las principales ciudades, las mujeres pueden acceder a la interrupción voluntaria del embarazo sin mayores dificultades. Sin embargo, en áreas afectadas por el conflicto armado, la situación es muy diferente, ya que los grupos armados ilegales obstaculizan el acceso a esta práctica.

La Fundación Mujer y Futuro ha enfrentado grandes retos para ingresar a regiones como Catatumbo, una zona limítrofe con Venezuela, donde han llevado a cabo campañas sobre los derechos reproductivos de las mujeres, incluyendo la interrupción voluntaria del embarazo. Según Tatiana Cordero, miembro de esta organización, "en estos territorios el tema de métodos anticonceptivos es inexistente. Entonces, el tema de interrupción voluntaria del embarazo es peor; la gente no sabe que eso existe".

La falta de acceso a servicios de salud en las áreas más golpeadas por la violencia es una preocupación constante para los movimientos que defienden la legalización del aborto. A pesar de la despenalización lograda por la coalición Causa Justa, que ha trabajado durante años para promover los derechos reproductivos, la realidad en el campo sigue siendo alarmante.

En Bogotá, donde el acceso ha mejorado notablemente, las organizaciones se han convocado para realizar una protesta el próximo sábado. El objetivo es exigir al alcalde que no firme un acuerdo aprobado por el Consejo local que podría imponer nuevas barreras para las mujeres que buscan abortar.

“Vemos unos pasos adelante en temas culturales que disminuyen el estigma y también una brecha muy importante entre lo que se ve en las grandes ciudades versus lo que se ve en las zonas rurales”, afirmó Cristina Rosero, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos e integrante de Causa Justa.

A pesar de que Colombia firmó un acuerdo de paz en 2016 con la FARC, la violencia persiste en varias regiones del país. Los grupos armados ilegales, incluidos disidentes de la FARC, continúan disputando el control territorial, lo que afecta gravemente la vida cotidiana de los habitantes y su acceso a servicios básicos, como la salud.

En Catatumbo, las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres deben establecer rutas humanitarias, a menudo con la ayuda de la Iglesia o la cooperación internacional, para poder acceder a las comunidades. Durante 2025, la Fundación Mujer y Futuro mantuvo un programa en la región, justo cuando se intensificó la violencia entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de la FARC. Según cifras estatales, más de 163 personas perdieron la vida y más de 100.000 fueron desplazadas en ese año.

La situación se complicó aún más para las mujeres que necesitaban atención. Cordero destacó que, en medio de este contexto de violencia, tuvieron que colaborar con entidades de salud para poder ofrecer asistencia a quienes lo requerían.

Control sobre el cuerpo de las mujeres

Laura Castro, directora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, ha documentado barreras en el acceso al aborto en diversas regiones del país. En Tumaco, por ejemplo, los confinamientos impuestos por grupos armados impiden que las mujeres accedan a servicios de aborto, llevando a que muchos embarazos lleguen a término y resulten en maternidades forzadas.

Castro también resaltó que en casos de violencia sexual, las mujeres enfrentan una doble victimización, ya que los hombres de los grupos armados imponen su voluntad, afirmando: "Usted no puede abortar a mi hijo", lo que también impide que las mujeres busquen atención prenatal.

La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres asistió en 2024 a cuatro niñas y una joven que escaparon de una situación de trata con fines de explotación sexual en una zona con minería ilegal. Castro indicó que sacar a estas mujeres del territorio para que pudieran acceder a la interrupción del embarazo no deseado implicó activar rutas especiales debido a las amenazas a sus familias.

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