Ola de amenazas en escuelas argentinas: la estrategia de los gobernadores

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Por Fernando Genesir

En medio de la creciente preocupación por amenazas de tiroteos y casos de alumnos que llevan armas a las aulas, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, pidió la detención y expulsión de alumnos que cometan delitos en escuelas. 

Jaldo instó a la justicia a actuar con mayor severidad y a no esperar consecuencias irreparables para tomar decisiones de fondo. Afirmó que hay que ir a fondo con las medidas y que los chicos que cometen delitos deben ser detenidos, responsabilizando a sus padres penal y civilmente de manera inmediata.

Este planteo surge tras las múltiples denuncias por amenazas de tiroteos en Tucumán en los últimos días, junto a episodios concretos. En este contexto, Jaldo recordó la vigencia de un decreto que habilita la expulsión y aprehensión de estudiantes involucrados en hechos de violencia o amenazas.

El gobernador enfatizó que si alguien lleva un arma al colegio, representa un riesgo real y hay que actuar con firmeza. Sin embargo, no es solo Tucumán. Varios gobiernos provinciales implementan distintas estrategias para abordar la creciente ola de amenazas de tiroteos en escuelas.

En Santa Fe, el gobierno anunció que cobrará a los autores de las amenazas o a sus padres, si son menores o insolventes, el costo de los operativos policiales generados por cada caso. El ministro de Seguridad y Justicia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, subrayó que las amenazas no son una broma, sino un delito, y que los costos de estos procedimientos pueden ascender entre 5 y 6 millones de pesos.

Esta acción punitiva se replica en Mar del Plata, donde el fiscal general también establece que los responsables deberán hacerse cargo de los costos. 

Y acá abro el debate, porque no sé cuál es la mejor estrategia contra este fenómeno. Existen enfoques preventivos, como revisar mochilas, y otros que preparan a los docentes para afrontar episodios de violencia.

Las propuestas de Jaldo y Cococcioni son diferentes, pero ambas buscan enfrentar la misma problemática. La seguridad y la educación son responsabilidades de un gobernador. La declaración de Jaldo puede ser bien recibida por muchos, pero también es importante cuestionar qué se hace desde la base para prevenir estas situaciones.

La seguridad y la justicia son fundamentales, pero también lo es la educación. En este contexto, las declaraciones sobre detenciones y expulsiones pueden parecer más impactantes, pero ¿qué se está haciendo para abordar las causas de estos problemas? 

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