La cadena de fallas en el ingreso y permanencia de Barrelier en la Municipalidad

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El femicidio de Agostina Vega abrió una crisis política e institucional en la Municipalidad de Córdoba y en el Concejo Deliberante, donde este jueves asumió Raúl La Cava en reemplazo de Ricardo Moreno. El dirigente, cuestionado por su vínculo con Claudio Barrelier, primero había quedado como concejal suplente, pero luego presentó su renuncia, por lo que dejó de integrar el cuerpo legislativo.

La presión política terminó con la salida definitiva de Moreno del Concejo Deliberante, luego de los cuestionamientos por haber recomendado el ingreso de Barrelier al municipio y por la intervención de su entorno profesional en causas judiciales vinculadas al acusado.

El caso expuso una cadena de fallas en el ingreso y permanencia de Barrelier en la estructura municipal. Según pudo saber Cadena 3, el acusado entró como becario el 15 de enero de 2021, durante la intendencia de Martín Llaryora, recomendado por Moreno. 

Barrelier no accedió por concurso público ni, en esa instancia inicial, se le exigió una revisión integral de antecedentes. Luego pasó al área de Tránsito, donde se desempeñaba como capacitador de personas que tramitaban por primera vez la licencia de conducir, en su mayoría jóvenes de 17 y 18 años.

La situación se agravó con la aparición de una resolución municipal del 21 de mayo de este año, apenas tres días antes del crimen de Agostina. En ese documento, Barrelier figuraba en el puesto 45 de un listado de 324 becarios convocados para pasar a la planta transitoria como contratados bajo el artículo 8. La resolución contemplaba el pago de salarios entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre, condicionado a la presentación de documentación obligatoria.

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Entre los requisitos previstos estaban el apto psicofísico, el certificado de antecedentes penales, el certificado del Registro Nacional de Reincidencia, la constancia de no estar inscripto en el registro de delitos sexuales y la acreditación de no ser deudor alimentario. 

Desde el municipio, señalaron que Barrelier no había iniciado ese trámite y que la resolución no implicaba un pase automático a planta. Sin embargo, el dato central es que ya integraba el listado de personas encaminadas a un contrato municipal.

La concejal radical Verónica Garade Panetta advirtió en Cadena 3 que la resolución "lo designa como artículo 8", es decir, como ingreso a la planta transitoria del municipio. "Ya era becario y ahora se le da una puerta de ingreso al municipio", sostuvo. Al ser consultada por los requisitos, precisó que debía presentar los certificados de antecedentes penales, reincidencia, apto físico y constancia de no ser deudor alimentario.

El punto más grave aparece en el cruce de información. Barrelier tenía una foja con antecedentes desde 2010, cuando era menor de edad, y otra causa de 2016 por amenazas a un vecino, ambas archivadas. 

Además, en mayo de 2025 había sido detenido durante 20 días por una causa de privación ilegítima de la libertad, luego de que una joven escapara de su casa semidesnuda y con signos de haber estado atada. Moreno confirmó que su estudio intervino en esa causa y que una abogada de su equipo firmó una fianza juratoria de 5 millones de pesos para que recuperara la libertad.

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Pese a ese antecedente reciente, Barrelier siguió vinculado al municipio. La explicación administrativa conocida hasta ahora apunta a una falla estructural: los certificados pedidos en noviembre de 2024 no reflejaban los hechos archivados ni permitían advertir todos los registros judiciales si no existía un cruce efectivo entre bases policiales, judiciales y de reincidencia. El control formal no alcanzó para detectar señales de riesgo que sí estaban disponibles en otros circuitos del Estado.

A esa omisión se sumó la demora inicial en la investigación por la desaparición de Agostina. La adolescente fue vista por última vez el sábado por la noche, cuando un remisero la trasladó desde barrio General Mosconi hasta Cofico. 

Según el relato incorporado a la causa, el chofer señaló que la dejó con Barrelier. La madre de Agostina también había advertido que el acusado primero negó el encuentro y luego cambió su versión cuando fue confrontado con el testimonio del remisero.

Ese dato, junto con el nombre, el domicilio y los antecedentes de Barrelier, pudo haber orientado antes la búsqueda hacia su casa de calle Juan Del Campillo al 800. La investigación recién avanzó con fuerza días después, con allanamientos y la detención del acusado. En paralelo, también hubo cruces institucionales por la activación de la Alerta Sofía, que se formalizó recién el miércoles por la tarde, cuando la búsqueda ya llevaba varios días.

La Municipalidad dio de baja a Barrelier tras su detención y luego de confirmar que se desempeñaba como becario en el área de Tránsito desde 2021. 

El caso, sin embargo, dejó expuestas preguntas que siguen sin respuesta: quién autorizó su ingreso, qué controles se hicieron, por qué no se revisó su situación después de la causa de 2025 y por qué el Estado no cruzó a tiempo información clave que podía haber encendido una alerta antes del femicidio.

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Informe de Guillermo López, Juan Federico y Gonzalo Carrasquera.

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