Luis Caputo busca derogar subsidio al gas para captar ahorros de US$ 300 millones

Javier Milei, el presidente de la nación, planea derogar por decreto la ampliación del Régimen de Zona Fría, una medida instaurada durante la gestión de Alberto Fernández. Este decreto, de necesidad y urgencia, se encuentra bajo análisis por abogados del gobierno, quienes estudian sus implicancias legales, según lo publicado por el medio especializado en energía, Econojournal.

La ampliación del subsidio al gas, que costará al Estado alrededor de US$ 300 millones este año, fue implementada en 2021 mediante la ley 27.637 y benefició a 3,1 millones de usuarios. Luis Caputo, el actual ministro de Economía, busca revertir esta ampliación del régimen, que otorga subsidios de hasta el 50% del costo del gas natural a los hogares en zonas consideradas de “bajas temperaturas”.

El programa, establecido a principios del siglo XXI, originalmente se diseñó para proteger a los hogares de la Patagonia, que sufren severas inclemencias climáticas. Sin embargo, la decisión del gobierno de Fernández amplió este beneficio utilizando criterios considerados poco claros, alcanzando a más de la mitad de los usuarios residenciales de gas en el país.

Un aspecto crucial de este subsidio es que no toma en cuenta el nivel socioeconómico de los hogares beneficiarios. De este modo, tras la extensión de 2021, numerosas familias de ingresos medio-altos de la zona núcleo, en regiones como el interior de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, han comenzado a recibir subsidios significativos en sus facturas de gas.

Este financiamiento se realiza a través de un incremento del casi 7% en la tarifa del gas que remunera el resto de los usuarios, incluidos aquellos hogares de menores recursos que, paradójicamente, terminan transfiriendo parte de su ingreso a personas de mayores ingresos. Además, el Tesoro Nacional se ve obligado a realizar aportes directos, a pesar de que al momento de aprobar la extensión del régimen, referentes energéticos aseguraron que no sería necesario financiar el sistema con fondos del Estado.

Reversión del régimen y complicaciones legislativas

El gobierno planea dejar sin efecto la ley 27.637, que en 2021 amplió los subsidios a 4 millones de usuarios. Se contempla que el DNU se publique tras las elecciones legislativas de octubre, ya que modificar esta ley en el Congreso es considerado un proceso complicado. A pesar de que muchos legisladores reconocen de forma reservada las falencias del régimen desde su ampliación, los gobernadores se muestran reacios a afrontar el costo político que implicaría un aumento en las tarifas de gas en sus provincias.

Este decreto afectará a alrededor de 3,1 millones de usuarios que fueron incorporados al régimen de 2021 y regresaría a un esquema similar al original de 2002, donde solo 850.000 hogares en la Patagonia, la Puna y Malargüe eran beneficiarios. Desde el área energética de la administración actual ya comenzaron a implementar acciones para eliminar el subsidio por zonas frías, incluyendo restricciones a usuarios con más de un medidor.

Un estudio de la consultora Economía y Energía, dirigida por Nicolás Arceo, reveló que la ampliación del régimen provocó un efecto inesperado: el consumo de gas natural por hogar aumentó 7% entre 2021 y 2024 en las regiones que se adhirieron al esquema. En contraposición, las provincias que quedaron fuera del programa experimentaron una reducción del 9% en la demanda unitaria del gas durante el mismo período.

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