San Cristóbal: la Fiscalía exige "un mayor control de la evolución del adolescente" que mató a Ian

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   Radioinforme 3 Rosario

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El sobreseimiento del adolescente que el 30 de marzo ingresó armado a la escuela Mariano Moreno de San Cristóbal y mató a su compañero Ian Cabrera, de 13 años, abrió un nuevo capítulo judicial. La fiscal Carina Gerbaldo, a cargo de la responsabilidad penal juvenil en la jurisdicción de Rafaela, confirmó que el Ministerio Público de la Acusación apeló la resolución del juez penal José Boaglio. La discusión no apunta únicamente al cierre de la causa penal, sino también a quién debe controlar las medidas de seguimiento impuestas al adolescente.

La resolución, fechada el 5 de octubre, se fundamentó en que Gino era considerado no punible al momento del ataque. La nueva normativa nacional que redujo la edad mínima de imputabilidad comenzó a regir el 5 de septiembre de este año, varios meses después del crimen. Por eso, explicó Gerbaldo en diálogo con Cadena 3 Rosario, el sobreseimiento era una consecuencia prevista por el marco legal vigente cuando ocurrió el hecho, aunque la fiscalía cuestiona las consecuencias procesales de esa decisión.

“En cuanto a la cuestión del sobreseimiento, exactamente, era el camino, por lo que usted bien dijo, por la época en que se produjo la situación, porque en ese momento él era considerado no punible”, señaló la fiscal. Sin embargo, aclaró que la apelación busca evitar que el seguimiento de las medidas dispuestas quede fuera del ámbito penal y pase a depender exclusivamente del fuero de familia. Para el Ministerio Público, esa modificación puede limitar la capacidad de supervisar el cumplimiento de las medidas.

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Gerbaldo remarcó que el sobreseimiento no implica que todas las medidas de protección y control hayan quedado sin efecto. “Todavía hay medidas que se están cumpliendo, nada más que este control de las medidas que se van a cumplir no quedaría en cabeza de la órbita penal”, explicó. Entre las disposiciones mencionó intervenciones vinculadas con la salud psíquica del adolescente y restricciones al uso de redes sociales. La fiscalía pretende conservar herramientas para seguir su evolución y evaluar el cumplimiento de esas pautas.

La funcionaria también sostuvo que no es posible anticipar cómo evolucionará el adolescente ni garantizar que no vuelva a protagonizar una situación violenta. Por eso, consideró fundamental mantener un seguimiento riguroso. “La importancia, y por la cual nosotros quisimos apelar esta decisión, es para poder seguir haciendo un seguimiento y tener un mayor control de esta evolución del adolescente”, afirmó. La discusión judicial se centra así en la continuidad y supervisión de las medidas, más allá de la imposibilidad de imponer una pena por el hecho.

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La resolución fue cuestionada también por Luis Gilbert, abogado de la familia de Ian Cabrera, quien sostuvo que el juez habría trasladado el asunto al fuero de familia sin contar con todos los informes necesarios para determinar cómo debía continuar el abordaje. El letrado consideró que debían evaluarse las condiciones del adolescente y las medidas correspondientes antes de apartar a la Justicia penal del seguimiento. Gerbaldo evitó pronunciarse en esos términos, pero confirmó que la fiscalía comparte la preocupación por mantener el control institucional.

La fiscal insistió en que la apelación fue presentada el 8 de octubre y que la resolución todavía no está firme. “Esta decisión nosotros la apelamos. La decisión del juez de primera instancia no está firme; va a ser revisada en una segunda instancia, que todavía no tenemos fecha”, indicó. Por lo tanto, la instancia revisora deberá analizar los planteos de la acusación y determinar si corresponde modificar el alcance de la resolución en relación con el seguimiento de las medidas.

Consultada sobre el contenido de la investigación, incluidos los análisis de teléfonos y computadoras y la posible influencia de comunidades digitales, Gerbaldo se excusó de brindar detalles. Argumentó que el Código Procesal Penal Juvenil establece una reserva especial para las actuaciones que involucran a menores de edad. Esa limitación también condiciona la información pública disponible sobre los elementos reunidos durante la investigación y las circunstancias que rodearon la planificación del ataque.

Entrevista de Hernán Funes.

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