Falsas denuncias: la IGPJ intimó a AEVAS por no presentar balances desde 2019

La Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe intimó a la Asociación Civil de Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales (AEVAS) a regularizar en un plazo de cinco días hábiles administrativos su situación registral, luego de detectar que la entidad no presenta documentación obligatoria desde 2019.

La resolución, firmada el 6 de mayo, fue impulsada tras un planteo realizado por denunciantes penales vinculados a la ONG, quienes solicitaron información sobre la conformación institucional y el manejo económico de la asociación.

Según consta en el expediente, al consultar el legajo registral se comprobó que no existe información actualizada ni fehaciente sobre autoridades vigentes ni sobre los movimientos contables de la entidad, especialmente por el destino de fondos de colaboración que, según información que la ONG borró de su web, provenía de gremios locales y hasta una facultad de la UNR.

AEVAS quedó en el centro de la polémica en Rosario luego de que psicólogas vinculadas a la organización fueran denunciadas penalmente por la elaboración de presuntos informes que derivaron en decisiones judiciales de extrema sensibilidad, entre ellas separaciones de padres e hijos en causas por abuso sexual que posteriormente habrían sido consideradas falsas o inconsistentes.

En ese contexto, la IGPJ resolvió intimar formalmente a la ONG para que “en el plazo perentorio de cinco (5) días hábiles administrativos cumplimente, por intermedio de la plataforma digital TIMBÓ, con la presentación del trámite de informe de nuevas autoridades en los términos del artículo 78 del RGTD, y con la presentación de los estados contables correspondientes a los ejercicios económicos adeudados conforme las exigencias del artículo 67 del mismo cuerpo normativo”.

La resolución agrega que, en caso de incumplimiento, el organismo podrá ordenar “una inspección de la documentación social en la sede social inscripta”, en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Provincial Nº 14.276.

En el documento, la IGPJ concluyó además que “el legajo de AEVAS se encuentra desactualizado en cuanto a las presentaciones periódicas exigidas por la normativa vigente”, una observación que expone la falta de cumplimiento de obligaciones básicas de control y transparencia institucional.

Pese a ello, el organismo descartó por ahora avanzar con medidas más severas. “No se reúnen prima facie los presupuestos para disponer la apertura del proceso de normalización ni la revocación de la autorización para funcionar. Sin perjuicio de ello, las falencias del legajo registral relevadas en el reporte ameritan la actuación de oficio de este Registro en ejercicio de sus facultades de control”, señalaron.

La intimación coloca ahora a la asociación contra reloj: el plazo vencería a mediados de la próxima semana, momento en el que la IGPJ podría evaluar nuevas medidas si persiste el incumplimiento.

Uno de los puntos que también generó controversia alrededor de AEVAS es la sede social declarada por la entidad en barrio Echesortu. Según pudo reconstruirse en distintas actuaciones y averiguaciones, el domicilio corresponde a una vivienda particular sin identificación institucional visible ni características compatibles con el funcionamiento de una casa de estudios o centro especializado.

Incluso, fuentes vinculadas al caso sostienen que en esa dirección vive una mujer que en su momento aceptó integrar formalmente la comisión directiva como vocal, aunque el lugar nunca habría funcionado efectivamente como sede operativa de la organización.

La investigación penal contra la ONG permanece abierta en el Ministerio Público de la Acusación de Rosario, en una causa a cargo de tres fiscales.

Con información de Hernán Funes.

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