Conflicto por pasajes gratuitos en discapacidad: advierten por deuda millonaria

La Cámara Empresaria de Larga Distancia (CELADI) difundió un comunicado en el que advirtió sobre un “conflicto sin resolver” en torno a la eliminación de las compensaciones estatales por los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, trasplantados y pacientes oncológicos pediátricos. La entidad cuestionó la reciente Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, que suprime el esquema de pagos a las empresas del sector.

Según el texto, históricamente las compañías de micros de larga distancia otorgaron estos pasajes gratuitos en el marco de un sistema en el que el Estado reconocía una compensación económica parcial, al tratarse de un servicio público. Sin embargo, tras la desregulación del sector establecida por el Decreto 883/24, ese régimen fue modificado, aunque —según la cámara— se mantuvo la obligación de continuar con la gratuidad sin contraprestación.

CELADI señaló que, pese a los reclamos del sector, la CNRT recurrió a la Justicia para exigir la continuidad de los boletos sin costo, aunque los fallos judiciales en dos instancias establecieron que las empresas debían seguir otorgándolos de manera cautelar, pero con la obligación del Estado de mantener las compensaciones. En ese marco, el último pago estatal habría sido en noviembre de 2024.

El comunicado detalla que el 18 de mayo de 2026, la Justicia Federal declaró el incumplimiento del Estado Nacional, aprobó una liquidación parcial de deuda por $8.753 millones y ordenó su pago en un plazo de diez días, bajo apercibimiento de sanciones. La deuda total reclamada por el sector supera los $27.000 millones y continúa en actualización judicial.

En ese contexto, la cámara afirmó que las empresas siguen cumpliendo con la entrega de los pasajes gratuitos pese a la falta de compensación, lo que —según advierten— genera un desequilibrio económico creciente. También remarcaron que el nuevo esquema oficial elimina los pagos sin que exista aún una definición judicial de fondo sobre la continuidad del régimen en un mercado desregulado.

Desde CELADI aclararon que no cuestionan el derecho al transporte gratuito de los beneficiarios, pero sí la falta de financiamiento estatal para sostenerlo tras la desregulación del sistema. En ese sentido, plantearon que se trata de una contradicción regulatoria que deberá ser resuelta por la Justicia.

Finalmente, la entidad sostuvo que el debate se centra en definir si las empresas privadas deben asumir de forma permanente una obligación sin compensación estatal, en un contexto en el que —según afirman— el propio Estado modificó las reglas del sector y mantiene una deuda vigente.

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