Los contribuyentes de Phoenix continúan asumiendo los costos de las redadas de Joe Arpaio

PHOENIX (AP) — Hace dos décadas, cuando Arizona se encontraba angustiada por la fragilidad de su frontera con México, el estado adoptó diversas legislaciones migratorias, motivadas por las constantes quejas de los defensores sobre cómo los ciudadanos locales cargan con los costos derivados de la educación, la salud y otros servicios para las personas que se encuentran en EE.UU. sin autorización.

El exjefe de policía del condado de Maricopa, Joe Arpaio, tomó la misma bandera, implementando desde enero de 2008 hasta octubre de 2011 20 operativos de tránsito de gran envergadura dirigidos a inmigrantes. Estas acciones llevaron a un fallo en 2013 que determinó que sus prácticas eran discriminatorias y conllevó a órdenes judiciales para llevar a cabo reformas costosas en la política de patrullajes de la agencia y su unidad de asuntos internos.

Ocho años después de que Arpaio dejara su cargo tras perder las elecciones, el costo para los contribuyentes de Maricopa todavía es elevado. Según se estima, las facturas legales y de supervisión podrían alcanzar los $352 millones hacia mediados de 2026, incluyendo $34 millones recientemente aprobados por el gobierno del condado.

Aunque algunas áreas dentro de la agencia han mostrado mejorías, no se considera que haya cumplido completamente con los mandatos judiciales. Según recientes datos, la policía ha enfrentado críticas por el trato diferenciado a conductores hispanos y negros durante los patrullajes de tránsito, aunque los últimos estudios presentan una imagen más positiva mostrando mejoras significativas.

Thomas Galvin, presidente de la junta de gobierno del condado, llamó la atención sobre la magnitud del gasto, comprometiéndose a encontrar medidas para poner fin a la supervisión judicial. “¿Podemos seguir soportando esto?”, se cuestionó Galvin.

Veredicto sobre discriminación racial

Casi doce años atrás, un juez federal determinó que los agentes bajo el mando de Arpaio discriminaban a hispanos durante las detenciones. Estas operaciones masivas de control migratorio implicaban la concentración de numerosos oficiales en áreas de alta población hispana durante períodos prolongados.

Como resultado, se ordenó la reforma de las prácticas policiales, que incluye la capacitación sobre detenciones conforme a la normativa constitucional, la creación de un sistema para detectar conductas problemáticas y la implementación de cámaras corporales.

Posteriormente, Arpaio fue declarado culpable de desacato por no acatar las órdenes judiciales que prohibían los operativos. En 2017, recibió un indulto del presidente Donald Trump, lo que evitó su posible encarcelamiento.

Estudios posteriores a este veredicto confirmaron que algunos agentes continuaron discriminando a conductores hispanos y negros, aunque algunos análisis recientes no hallaron evidencias de desigualdad en los tiempos de detención. Sin embargo, un estudio indicó que todas las minorías raciales fueron detenidas por un tiempo promedio superior a los conductores blancos.

A pesar de las mejoras, el Jefe de Policía actual, Jerry Sheridan, planea solicitar la finalización de la supervisión judicial, aunque se ha advertido que ello no eliminaría los costos asociados a las reformas necesarias.

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