Fiscalía guatemalteca desestima acusaciones contra Porras por adopciones ilegales

CIUDAD DE GUATEMALA — El Ministerio Público de Guatemala emitió un comunicado este martes en el que rechaza las acusaciones formuladas por un grupo de expertos de las Naciones Unidas, quienes expresaron su alarma ante las denuncias que involucran a la fiscal general María Consuelo Porras en relación con presuntas adopciones ilegales que se habrían realizado en un hogar de menores del cual fue directora.

La fiscalía argumentó que estas acusaciones "carecen de sustento probatorio y afectan el derecho al honor, la dignidad, reputación y presunción de inocencia" de Porras. La declaración de los expertos fue anunciada el lunes, justo cuando Porras se encuentra por concluir su gestión como fiscal general y aspiraba a un puesto como magistrada designada en la Corte de Constitucionalidad, aunque fue descartada por la Universidad de San Carlos de Guatemala.

En el comunicado, la fiscalía también expresó su preocupación por el uso de alegaciones no investigadas para influir en los procesos de elección dentro del sector judicial guatemalteco que se están llevando a cabo en la actualidad.

Según los expertos, al menos 80 niños indígenas habrían sido sometidos a adopciones ilegales internacionales tras ser institucionalizados en el Hogar Temporal Elisa Martínez, donde Porras actuó como "tutora legal" entre el 21 de enero y el 30 de agosto de 1982.

Las supuestas adopciones ilegales habrían tenido lugar durante el conflicto armado en Guatemala, que se inició en 1960, y se dieron después de la captura y desaparición forzada de los niños entre 1968 y 1996. Ante esto, los expertos hicieron un llamado a realizar investigaciones independientes sobre las acusaciones.

Porras ha sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, acusándola de socavar la democracia en Guatemala y obstaculizar la lucha anticorrupción al perseguir a exfuncionarios de justicia y periodistas que luchan contra la corrupción.

Los expertos independientes que emitieron la declaración forman parte de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y actúan a título personal. Entre 1977 y 2008, Guatemala experimentó un aumento en las adopciones, principalmente hacia familias estadounidenses, algunas de las cuales han sido cuestionadas por su legalidad, involucrando a redes de oficiales del gobierno y abogados en la entrega de niños que fueron comprados o robados a sus padres. En 2007, el Congreso guatemalteco aprobó una ley de adopciones para regular este proceso.

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