Demandas estatales contra Trump por cambios en vacunación infantil

SACRAMENTO, California, EE.UU. — Un grupo de más de una docena de estados ha decidido demandar al gobierno de Donald Trump tras la revocación de las recomendaciones de vacunación para niños. Consideran que esta decisión constituye una amenaza ilegal para la salud pública.

Los estados argumentan que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) pusieron en peligro la vida de los menores al anunciar el mes pasado que dejarían de recomendar la inmunización de todos los niños contra la gripe, el rotavirus, la hepatitis A, la hepatitis B, algunas formas de meningitis y el VRS. La nueva guía establece que las vacunas contra estas enfermedades se recomendarán solo para ciertos grupos de alto riesgo o bajo la "toma de decisiones compartida" con los médicos, lo que ha generado críticas de expertos en salud.

Las nuevas recomendaciones de vacunación, según los estados demandantes, ignoran orientaciones médicas establecidas durante años y obligarán a los gobiernos estatales a incurrir en mayores gastos para proteger a la población infantil de posibles brotes. Entre los estados que han presentado la demanda se encuentran Arizona y California.

"La salud y la seguridad de los niños en todo el país no es un asunto político", afirmó la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, durante una conferencia de prensa. "No es un tema de discusión de guerra cultural".

Por su parte, los CDC y el Departamento de Salud y Servicios Humanos no han emitido comentarios respecto a la demanda en cuestión.

Esta demanda intensifica el conflicto entre estados gobernados por demócratas y la administración federal republicana en relación a los cambios en la política de salud pública que implementó el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.. La administración de Trump ha despedido a miles de trabajadores en agencias de salud pública, recortado fondos para la investigación científica y cambiado directrices sobre temas como el flúor.

El año pasado, Kennedy destituyó a todos los miembros de un comité asesor de vacunas, reemplazándolos con sus propios elegidos, lo que, según la demanda presentada, es considerado ilegal.

La acción legal se presenta meses después de que los gobernadores demócratas de California, Washington y Oregon establecieran una alianza para crear sus propias recomendaciones de vacunación, argumentando que la administración federal estaba poniendo en riesgo la salud pública al politizar a los CDC.

Aunque los estados tienen la autoridad para exigir vacunas a los escolares, las regulaciones de los CDC suelen influir en las políticas estatales.

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