Corte Suprema de Estados Unidos permite a DOGE acceder a datos del Seguro Social

WASHINGTON (AP) — El viernes, la Corte Suprema de los Estados Unidos otorgó dos importantes victorias al gobierno de Donald Trump en relación con el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), permitiendo su acceso a los sistemas del Seguro Social, que albergan información personal de millones de individuos.

Además, los jueces impusieron restricciones a demandas que buscaban mayor transparencia en DOGE, el equipo previamente dirigido por el magnate Elon Musk.

La mayoría conservadora de la corte se mostró favorable al gobierno de Trump en las primeras apelaciones relacionadas con DOGE. Por su parte, los tres jueces liberales expresaron su desacuerdo en ambos casos.

Estas decisiones se producen en el marco de una ruptura entre el presidente y el hombre más rico del mundo, conflicto que comenzó tras la salida de Musk de la Casa Blanca e incluyó advertencias sobre la posible terminación de contratos gubernamentales, así como llamados a la destitución del mandatario. A pesar de que el futuro de DOGE es incierto sin la dirección de Musk, ambos han manifestado que la agencia proseguirá con sus actividades.

La Corte Suprema invalidó una orden de una jueza de Maryland que había limitado el acceso de DOGE a la Administración del Seguro Social (SSA), en virtud de leyes federales relacionadas con la privacidad.

“Concluimos que, bajo las circunstancias actuales, la SSA puede proceder a otorgar a los miembros del equipo DOGE acceso a los registros de la agencia en cuestión para realizar su trabajo”, indicó la corte en un fallo no firmado. Jueces conservadores de instancias inferiores sostuvieron que no existe evidencia que sugiera manejo indebido de información personal por parte de DOGE.

La SSA posee datos sensibles de prácticamente todos los estadounidenses, incluyendo registros escolares y detalles médicos.

La jueza Ketanji Brown Jackson expresó que la decisión de la corte plantea “graves riesgos de privacidad” para millones de ciudadanos, al otorgar “acceso irrestricto a los datos a DOGE”, sin que se haya demostrado la necesidad de cumplir con las salvaguardas de privacidad existentes. La jueza Sonia Sotomayor apoyó la opinión de Jackson, mientras que la jueza Elena Kagan también indicó que habría votado en contra del gobierno federal.

El gobierno de Trump argumentó que DOGE requiere acceso a estos datos para cumplir su misión de reducir el despilfarro gubernamental. Musk había priorizado el enfoque en el Seguro Social por considerarlo un foco de fraude, describiéndolo como una “estafa piramidal” y sugiriendo que la reducción del desperdicio en el programa podría contribuir a la disminución del gasto público.

No obstante, la jueza de distrito Ellen Hollander en Maryland argumentó que las acciones de DOGE en el Seguro Social eran como una “expedición de pesca” basada en meras sospechas de fraude y que el acceso irrestricto comprometería la privacidad de los ciudadanos.

Su fallo permitió acceso a datos anónimos a personal que haya sido capacitado y sometido a verificación de antecedentes, así como acceso más amplio a aquellos que especifiquen una necesidad concreta.

El gobierno de Trump sostiene que DOGE no puede operar de forma efectiva bajo tales limitaciones.

El procurador general D. John Sauer destacó que el fallo es un ejemplo de jueces federales que exceden su autoridad e intentan controlar las agencias del ejecutivo de forma excesiva.

Los demandantes argumentan que es una orden limitada indispensable para proteger la información personal.

Un tribunal de apelaciones previamente optó por mantener bloqueado el acceso de DOGE, aunque con visiones divergentes entre los jueces sobre el asunto.

La demanda fue interpuesta por una coalición de sindicatos y jubilados, representados por Democracy Forward, siendo solo una de las muchas demandas presentadas contra las acciones de DOGE, que incluye recortes en agencias federales y despidos masivos.

En otra medida adoptada por DOGE el viernes, los jueces continuaron la pausa en las órdenes que exigirían al equipo dar a conocer información sobre sus operaciones, en respuesta a una demanda de un grupo de supervisión gubernamental.

Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW) argumenta que DOGE, al ser una agencia federal, debería estar sujeta a la Ley de Acceso a Información Pública.

Por otro lado, el gobierno de Trump sostiene que DOGE es un cuerpo asesor presidencial orientado a la reducción de costos, lo que los eximiría de cumplir con la ley mencionada.

Si bien los jueces no tomaron una decisión al respecto el viernes, la mayoría conservadora expresó que el juez de distrito Christopher Cooper había emitido una orden demasiado extensa al ordenar que se entregaran los documentos a CREW.

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Los periodistas de The Associated Press Mark Sherman y Chris Megerian contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con asistencia de inteligencia artificial generativa.

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