Diputados aprobó la reforma de seguridad de Pullaro: "Hoy tenemos más herramientas contra el delito"

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   Cadena 3 Rosario

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La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó el proyecto impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro, con 37 votos a favor y 11 en contra. La iniciativa pasó al Senado provincial, donde deberá completar su tratamiento para convertirse en ley. El ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, valoró el resultado de las negociaciones y aseguró que la nueva normativa permitirá fortalecer las investigaciones penales y agilizar los procesos judiciales.

“Lo importante es que la pelota entre, no hacer jueguito”, expresó el funcionario al analizar las discusiones que atravesaron el debate legislativo. En diálogo con Juntos por Cadena 3 Rosario, sostuvo que, más allá de las diferencias entre los bloques oficialistas, el Ejecutivo considera fundamental contar con nuevas herramientas para enfrentar la criminalidad. “Cuando se haga esta ley podré decir: hoy tengo más herramientas que ayer para luchar contra el delito”, afirmó.

Cococcioni reconoció que hubo planteos que no consiguieron consenso, pero defendió la necesidad de revisar determinados procedimientos frente a la situación de seguridad de la provincia. “Estamos lejos de haber ganado la batalla, ni mucho menos”, advirtió. En ese sentido, sostuvo que las facultades estatales deben analizarse teniendo en cuenta las necesidades actuales y la obligación de garantizar la seguridad de la población.

Las herramientas que quedaron afuera

Uno de los principales puntos de discusión fue la eliminación de las denominadas zonas de intervención policial especial. La propuesta original buscaba habilitar en determinados sectores la permanencia de personas durante más tiempo, la realización de retenes y restricciones a la circulación, además de permitir regular algunas actividades.

“Esto era lo que proponíamos nosotros: ampliar las facultades policiales, pero no en todos lados, sino en zonas donde era estrictamente necesario para bajar la violencia”, explicó el ministro. Sin embargo, reconoció que fue el único planteo del Ejecutivo que no consiguió acompañamiento legislativo. “De todas las herramientas que pedimos, esa fue la única que no fue en ningún punto compartida”, señaló.

Otro de los aspectos modificados durante las negociaciones fue el mecanismo para tomar declaraciones a personas vinculadas con investigaciones penales sin la presencia de un abogado defensor. Cococcioni aclaró que la declaración finalmente quedó en manos del fiscal y que la modificación establece que, en determinadas circunstancias, pueda realizarse sin la asistencia del defensor, aunque la persona conserva el derecho a contar con uno.

Juicios en ausencia y agilización de las causas

Entre los puntos que sí quedaron incorporados, el funcionario destacó la posibilidad de avanzar con juicios en ausencia o rebeldía cuando una persona acusada se fuga y no comparece ante la Justicia. “Es fundamental. El imputado se fuga y antes había que parar todo, no se podía seguir más allá de las medidas investigativas”, explicó.

Según Cococcioni, la nueva disposición permitirá evitar que una persona obtenga como consecuencia de su fuga la prescripción de la causa. Además, valoró la ampliación de las facultades de los querellantes, que podrán intervenir en audiencias imputativas, formular preguntas y aportar elementos a las investigaciones.

Al hacer un balance de lo aprobado, el ministro aseguró que el Gobierno quedó conforme con el resultado de las negociaciones. “Creo que salió el 90% de lo que pedimos, de una u otra manera salió”, afirmó. Y resumió los dos objetivos centrales de la reforma: “Primero, tener más herramientas en la lucha contra el delito, y segundo, agilizar los procesos y descongestionar el aparato judicial”.

La implementación de la nueva normativa

Cococcioni también anticipó que, antes de impulsar nuevas modificaciones, el Ejecutivo se concentrará en poner en funcionamiento las disposiciones que consiguieron aprobación. Entre las tareas pendientes mencionó la modificación del programa de recompensas, la reglamentación de distintos artículos y la coordinación con la Fiscalía y el Poder Judicial.

En materia penitenciaria, señaló que deberán utilizar las herramientas previstas para aislar a los presos que ordenan cometer delitos desde las cárceles. “Hay mucho trabajo para hacer con lo que hay”, remarcó, aunque dejó abierta la posibilidad de insistir más adelante con algunos de los puntos que no prosperaron durante el debate.

Por último, defendió que la iniciativa responde a la experiencia acumulada durante los últimos tres años de gestión y a las necesidades específicas de Santa Fe. Como argumento, mencionó la reducción de los homicidios respecto de los niveles registrados al comienzo del mandato. “Tener un tercio de los homicidios que hace tres años, por lo menos amerita que se debatan seriamente las propuestas que planteamos”, sostuvo. Y concluyó que se trata de una legislación construida a partir de los problemas detectados en la provincia, no de la copia de un modelo externo.

Entrevista de Alberto Lotuf.

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