El debate sobre el sistema impositivo, ignorado por la política

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Por Sergio Berensztein

La discusión sobre el sistema impositivo en la Argentina sigue ausente del centro de la política y, a mi entender, eso explica buena parte de los problemas estructurales que arrastra el país desde hace décadas. Mientras el presidente Javier Milei insiste en que el esfuerzo actual de los argentinos tendrá recompensa futura y Axel Kicillof se posiciona como alternativa opositora, el debate profundo sobre cómo se financia el Estado continúa postergado. Y eso, para mí, es uno de los grandes déficits de la dirigencia.

Escuchamos a Milei hablar de décadas de decadencia provocadas por modelos centralistas y también vimos a Kicillof sostener que “hay otro camino” para la Argentina. En paralelo, Luis Caputo defendió la gestión económica asegurando que este gobierno fue el que más impuestos bajó. Sin embargo, más allá de las diferencias discursivas y del posicionamiento electoral de cada espacio, sigo viendo que ninguno se anima a discutir seriamente el sistema tributario que tiene hoy la Argentina.

El Fondo Monetario Internacional volvió a poner el tema sobre la mesa y advirtió que el país sigue demorando reformas estructurales clave. Entre ellas aparece, por supuesto, la cuestión impositiva. Yo creo que el gobierno avanza con reducciones parciales o sectoriales, como ocurrió con las retenciones, pero evita entrar en el corazón del problema: un sistema tributario complejo, costoso y profundamente distorsivo.

Esto también se relaciona con el RIGI y los distintos regímenes especiales que el oficialismo impulsa para atraer inversiones. A simple vista puede parecer una señal positiva, porque hay anuncios y proyectos presentados. Pero cuando uno analiza el comportamiento real de los inversores, descubre que muchos se anotan para aprovechar beneficios futuros y después esperan antes de poner el dinero. Y eso demuestra que todavía existen enormes dudas sobre la estabilidad de las reglas de juego.

Desde mi mirada, el hecho de que haya que crear beneficios especiales para convencer a alguien de invertir ya es una señal de debilidad estructural. Si la Argentina tuviera reglas claras, previsibilidad y un esquema tributario razonable, no harían falta tantos incentivos excepcionales. El problema es que el mercado sigue sin confiar plenamente y el propio gobierno admite implícitamente esa situación cuando promete una gran reforma tributaria recién para un eventual segundo mandato.

Ahora bien, entiendo también que existe una dificultad concreta. El gobierno construyó toda su estrategia económica alrededor del superávit fiscal y teme que una reforma profunda genere una caída en la recaudación. Ahí aparece una contradicción muy fuerte: por un lado, es urgente cambiar el sistema tributario; por el otro, nadie quiere poner en riesgo el equilibrio fiscal que hoy funciona como ancla de la economía.

Uno de los puntos más interesantes del debate es la posibilidad de eliminar Ingresos Brutos y reemplazarlo por un IVA provincial. Es una discusión que lleva más de treinta años en la Argentina y que nunca prosperó. ¿Por qué? Porque las provincias no quieren resignar una herramienta que les da discrecionalidad política y capacidad de recaudación. Sin embargo, Ingresos Brutos es un impuesto tremendamente distorsivo, que encarece toda la cadena productiva y termina afectando los precios finales.

Yo creo que detrás de esta discusión también aparece un problema cultural y político. La Argentina construyó durante años un sistema fiscal voraz, donde Nación, provincias y municipios fueron acumulando impuestos, tasas y contribuciones hasta formar un entramado casi imposible de entender. Eso no solo desalienta inversiones, sino que además empuja a muchísima gente hacia la informalidad.

Porque la realidad es que en la Argentina se “negrea” muchísimo y no solamente por una cuestión moral o cultural. Muchas veces ocurre porque la presión tributaria resulta asfixiante y porque existe una enorme desconfianza hacia el Estado. La gente siente que paga demasiado y recibe muy poco a cambio. Entonces aparecen estrategias de supervivencia, evasión parcial y economía informal que terminan debilitando todavía más al sistema.

A eso se suma otro problema central: la calidad de los bienes públicos. Los argentinos pagan una carga tributaria altísima y, sin embargo, conviven con problemas graves en infraestructura, seguridad, salud y educación. No estoy cuestionando a los profesionales de esos sectores, sino al funcionamiento general del Estado. Cuando el contribuyente siente que el dinero no vuelve en servicios de calidad, el rechazo al sistema se vuelve todavía más fuerte.

Por eso sostengo que la discusión no puede limitarse a bajar o subir impuestos. El verdadero debate es qué Estado quiere sostener la Argentina y cómo financiarlo de manera lógica y transparente. Pagar impuestos no debería verse como un robo, como plantea Milei, sino como una condición básica para vivir en una sociedad organizada. El problema aparece cuando esos recursos se administran mal o se utilizan de forma ineficiente.

Finalmente, me parece que la política en su conjunto sigue evitando las discusiones de fondo porque implican costos electorales. Decirle a la sociedad que hay que blanquear actividades, ampliar la base tributaria y ordenar el gasto público no es sencillo. Pero si la Argentina continúa postergando estos debates estructurales, va a seguir atrapada en el mismo círculo de crisis recurrentes, desconfianza y falta de inversión que arrastra desde hace décadas.

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