Un millonario robo perpetrado durante el fin de semana contra una distribuidora ubicada en las adyacencias de la Circunvalación de la ciudad de Córdoba tuvo una derivación escandalosa: un grupo de policías cordobeses quedó bajo sospecha luego de que, al parecer, se "perdieran" dos celulares que estaban en el interior de la firma.
Si bien la investigación se desarrolla bajo absoluto hermetismo, Cadena 3 pudo confirmar que ya hay una pesquisa en marcha en contra de los uniformados que lleva adelante el fiscal Andrés Godoy.
De acuerdo a los informantes consultados, entre la noche del domingo y las primeras horas del lunes, aprovechando la tormenta que se abatía sobre la Capital cordobesa, un grupo de ladrones logró colarse en el interior de la firma "Simple Distribuciones”, emplazada sobre calle Abasto al 1300, a pocos metros del cruce de Circunvalación y la avenida Arturo Capdevila, en barrio Yofre H.
Los delincuentes sabían a la perfección a qué habían ido. Rompieron el tejido perimetral, treparon por un ventiluz y, una vez adentro, rompieron las cámaras de seguridad y el sistema de alarmas. De inmediato, se dirigieron a las oficinas administrativas, de donde sacaron dos cajas fuertes que cargaron en un utilitario. De acuerdo a la primera denuncia de los dueños, el botín se acercaría a los 10 millones de pesos.
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Ya el lunes a la mañana, al descubrir lo ocurrido, los propietarios llamaron al 911. En minutos, la firma fue copada por varios móviles policiales. Los uniformados ingresaron y comenzaron a constatar los daños y los faltantes. Hasta allí, nada por fuera de la rutina en medio de la seguidilla de robos que a diario se relevan en los cuatro puntos cardinales de la ciudad.
Pero lo que no se sabía hasta ahora es que esta investigación tuvo una derivación que genera indignación. Siempre de acuerdo a las fuentes, cuando los policías llegaron a la distribuidora y comenzaron a inspeccionar el lugar, arriba de un escritorio de la oficina de que se habían llevado las cajas fuertes, había dos teléfonos celulares, según se presume.
Sin embargo, cuando los uniformados ya estaban por retirarse, el dueño se dio cuenta de que los aparatos también habían "desaparecido". Ante esto, y a los gritos, impidió que los cinco móviles que habían llegado se fueran del lugar. La situación obligó a que un jefe de turno se apersonara y le ordenara a los agentes que se formaran en fila, mientras los interrogaba, allí mismo, sobre qué había pasado con esos celulares.
Casi de manera simultánea, a unos metros de los policías, y dentro de una bolsa, apareció tirado uno de los celulares que faltaba.
La idea era requisar a todos los uniformados presentes y también el interior de los móviles. Para ello, era necesario convocar a alguien de la fiscalía, además de poner en conocimiento de toda la situación a la superioridad de la fuerza policial.
Pero como el procedimiento se iba demorando, apareció en escena otro jefe policial (se trataría de un subcomisario con pasado en el Tribunal de Conducta Policial), que ordenó que los agentes se retiraran bajo la excusa de que recién en la comisaría 13 (sobre Diagonal Ica) se iba a revisar todo. Ya en ese lugar no se encontró el segundo teléfono que se buscaba.
Ante esto, la denuncia del dueño de la distribuidora se multiplicó. Y ahora la fiscalía tiene una doble investigación. Por un lado, buscar a la banda de delincuentes que se llevó las dos cajas fuertes. Y, por el otro lado, también se indaga sobre los policías que participaron del operativo, ante la sospecha de que fueron ellos los que se robaron los dos celulares (el que luego apareció tirado y el otro que nunca fue encontrado).
Pero esto no es todo: esta segunda pesquisa también pudo bajo la lupa judicial al jefe policial que sin consultar ordenó suspender la requisa a los uniformados dentro de la firma y trasladar todo a la comisaría 13.
La sospecha es escandalosa. Y se agrega a una larga serie de causas judiciales que tienen a los policías del otro lado del mostrador. Entre ellas, sobresale la investigación por la protección policial a la compra y venta de celulares robados en Galería Norte, caso que tiene al subjefe Alejandro Mercado y al jefe de las Brigadas Civiles, Cristian Cabrera, entre los detenidos, otros otros.
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Además, dos policías motorizados fueron apresados luego de que se encontraran celulares robados en el baño de una base oficial; mientras que un veterano agente terminó tras las rejas acusado de suministrar armas y otros elementos a delincuentes de la zona oeste. Semanas atrás, un sargento fue capturado luego de que ladrones desvalijaran la casa de un jubilado que había muerto. En Traslasierra, en tanto, dos policías fueron imputados por coacción, estafas y peculado en Córdoba tras venderle a un particular una moto que era de uso oficial.
De manera parelala, hay más de una decena de policías acusados por delitos contra la integridad sexual. La semana pasada, la propia fuerza comunicó el pase a situación pasiva del jefe de Seguridad Capital, Cristian Mazza, tras una denuncia penal.
De acuerdo a los registros oficiales, sólo durante 2024, el organismo de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad ya dictó más de 200 medidas cautelares pasivas a miembros de las fuerzas de seguridad de Córdoba.
Entre los involucradas aparecen, también, agentes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que depende de Fiscalía General. El fiscal Juan Pablo Klinger lleva adelante una compleja investigación contra un grupo de policías del norte provincial acusado de fraguar operativos a través de informantes ilegales, a los que le pagaban con droga que robaban de los mismos procedimientos. En total, hay siete policías acusados, dos de los cuales ya confesaron y pidieron un juicio abreviado.
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