El Gobierno implementa un Registro Nacional para Bomberos Voluntarios

Buenos Aires, 13 marzo (NA) – El Gobierno Nacional, mediante el Ministerio de Seguridad, ha instaurado el Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios con la finalidad de llevar a cabo un control más efectivo sobre los estándares de seguridad, equipamiento y funcionamiento.

Conforme a la Resolución 224/2026, este registro estará bajo la supervisión de la Dirección de Bomberos Voluntarios, que depende de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) del Ministerio de Seguridad.

"Resulta necesario contar con normativa clara y simplificada que establezca los criterios y estándares mínimos para la gestión administrativa, financiera y operativa de las mismas", se indica en el documento.

Las funciones del registro incluyen:

Entre las funciones que se implementarán, se contempla recibir y gestionar las solicitudes de reconocimiento de entidades de Bomberos Voluntarios bajo la Ley Nº 25.054, así como realizar un análisis técnico-programático para determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Asimismo, se encargará de registrar a las entidades reconocidas, brindar asesoramiento técnico y administrativo sobre la legislación vigente y llevar a cabo controles de verificación previos a su reconocimiento o ante posibles sanciones.

La Dirección también emitirá certificados de reconocimiento e intervendrá en la rendición de cuentas, garantizando la transparencia en la gestión de los recursos.

Las entidades que no cumplan con las disposiciones podrán enfrentar la pérdida de su reconocimiento y se realizarán actualizaciones necesarias en la plataforma correspondiente.

La medida comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial, desde el 13 de marzo, salvo lo relacionado con el "Reglamento para la Gestión y Rendición de Subsidios del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios", que se aplicará para pagos a partir de 2026.

Además, se homologarán herramientas digitales como el Módulo de Rendiciones Web, lo que permitirá una mayor transparencia y trazabilidad en el uso de recursos públicos, asegurando una administración más eficiente y un control más riguroso por parte del Estado.

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