Habilitaciones ilegales: dictaron la prisión preventiva para los siete detenidos

El fiscal de Instrucción del Distrito I turno 2, Guillermo González, ordenó la prisión preventiva de Julio Zárate, Eduardo Arturo Rivadero, Marcos Fernando Luquez, José Leonardo Gorosito, Roque Javier Olmedo, Mario Javier García y Félix Rafael Calama. 

El grupo de bomberos, policiales y civiles está acusado de conformar una asociación ilícita para "truchar" certificados oficiales para habilitar establecimientos comerciales en la Ciudad de Córdoba. 

En el caso de Julio Zárate, está acusado de ser jefe de la organización delictiva y los restantes como miembros de la misma.

De acuerdo a la investigación, la organización junto a otros individuos aún no identificados, cometió un sinnúmero de delitos "en perjuicio de la fe pública que comprometieron seriamente la seguridad pública, tendiente a lograr que diversos e importantes establecimientos comerciales de diferentes rubros como supermercados, complejos deportivos, consultorios médicos, etc, pudieran en los hechos funcionar y operar comercialmente infringiendo la normativa vigente en materia de higiene y seguridad" .

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En el informe se determina a Julio Zárate "como líder y jefe de la asociación ilícita", quien siendo personal de Bomberos de la policía de Córdoba retirado, puso al servicio de esta agrupación sus vínculos y contactos.

En el caso de Eduardo Rivadero, se lo acusa de aprovechar su posición como personal policial dentro de bomberos, en la confección material de los certificados apócrifos. Marcos Luquez lo habría suplantado cuando Rivadero se retiró, y también firmó varios de los certificados con su rúbrica personal.

En cuanto a Gorosito, prestaba funciones como chofer en la subjefatura de Policía y usufructuó sus contactos e influencias para que la organización delictiva pudiera obtener con mayor celeridad los certificados ilegales.

Roque Javier Olmedo, usó sus conocimientos en higiene y seguridad, y fue quien se encargó de gestionar varios certificados para grandes establecimientos comerciales, así como Mario García y Félix Calama, quienes se encargaron de falsear la realidad de los locales comerciales confeccionando múltiples informes de higiene y seguridad de contenido mendaz.

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Esta primera imputación corresponde solamente a la asociación ilícita, pero no se descartan otros cargos para ellos y otras personas. 

La prisión preventiva será acotada temporalmente a un plazo de 60 días, como medida excepcional para recabar elementos de prueba útil. 

En tanto que, días atrás se detuvo al inspector municipal Héctor Jayo, quien presta servicios en el CPC Empalme y quien también habría estado involucrado en la asociación ilícita. 

A Jayo se le secuestraron varios documentos y un Mercedes Benz coupé, valuado en 28 mil dólares. En esa línea, la Unidad Judicial de Delitos Económicos, amplió la investigación sobre el inspector y encontró un importante patrimonio: 11 inmuebles a su nombre distribuidos en Carlos Paz y Córdoba y tres vehículos entre los que se encontraba el Mercedes Benz. 

Si bien no trascendió el salario del inspector, se estima que rondaría 1.100.000 pesos. 

"Jayo va a ser convocado para receptarle declaración como imputado y se aguarda la respuesta de su abogado defensor", dijo a Cadena 3, Pablo Bazán de la Unidad de Delitos Económicos.

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