A la Muni de Córdoba le hace falta alguien que la haga trabajar

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Por Adrián Simioni

El crimen de Agostina Vega sacudió a Córdoba por su brutalidad. Pero, como ocurre muchas veces con los casos que conmueven a una sociedad, al tirar del hilo apareció algo más. No sólo una tragedia policial y judicial. También quedó expuesto un problema político y administrativo enorme: cómo funciona —o cómo no funciona— la Municipalidad de Córdoba.

Porque detrás del caso aparecieron preguntas incómodas. ¿Para qué contrata gente la Municipalidad? ¿Cómo entra esa gente? ¿Qué tarea cumple? ¿La cumple realmente? ¿Cuánto cuesta ese funcionamiento? ¿Es útil, eficiente, controlable? ¿O estamos ante una maquinaria pesada, cara y difícil de mover?

El caso de Claudio Gabriel Barrelier abrió una primera puerta. Después apareció el exconcejal Ricardo Moreno y sus propias declaraciones sobre familiares incorporados al Estado municipal. También el viceintendente Javier Pretto, que dijo con naturalidad que a la Municipalidad entran militantes, como si se tratara de una explicación suficiente. Y luego Daniel Pastore, ministro de Comunicación de la Provincia, reconoció que cuando Martín Llaryora llegó a la Municipalidad era muy difícil hacer trabajar a parte del personal de planta. Según contó, tuvieron que apelar a contratados y becarios para mover áreas que estaban paralizadas.

Ahí está el corazón del problema. Si el Estado municipal tiene empleados que no trabajan, funcionarios que no pueden exigir, estructuras que se superponen y mecanismos de ingreso que terminan atados a la política, entonces no estamos ante una falla menor. Estamos ante un sistema roto.

Lo más impactante se escuchó en el Concejo Deliberante con la exposición de Ezequiel Hormaeche, director ejecutivo del Ente Municipal de Fiscalización y Control. Dijo que el organismo fue creado para ordenar y concentrar inspectores que estaban dispersos en distintas áreas, pero que nunca terminó de funcionar como debía porque muchos agentes no aceptaron pasar a esa estructura. Apenas 29 inspectores, según se informó, aceptaron sumarse.

¿Cómo puede ser que un empleado público pueda elegir si cumple o no una orden? ¿Cómo puede ser que un área clave para controlar la noche, los comercios, las habilitaciones y el funcionamiento urbano dependa de la voluntad de cada inspector? ¿Qué autoridad real tiene un gobierno si no puede organizar su propio personal?

Hormaeche también relató situaciones todavía más graves: operativos en los que hubo que quitar celulares a inspectores para evitar que avisaran a los locales que iban a ser controlados. Eso ya no habla sólo de ineficiencia. Habla de un sistema vulnerable a la connivencia, al arreglo, al aviso previo, a la corrupción en sentido amplio. No únicamente la coima clásica, sino algo más profundo: la captura del control por parte de quienes deberían ser controlados.

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La Municipalidad quedó atrapada en el peor de los mundos. Por un lado, gobernantes que administran recursos que no son propios, sino de los vecinos. Por otro, empleados que en muchos casos parecen intocables. Y en el medio, sindicatos, militancia, familiares, contratados, monotributistas y becarios que entran por distintas puertas, pero terminan alimentando una estructura cada vez más difícil de modificar.

Mientras tanto, el vecino paga.

Paga tasas. Paga contribuciones. Paga sueldos. Paga jubilaciones. Paga estructuras enteras. Pero después camina por veredas rotas, calles destruidas, plazas abandonadas, hospitales con problemas, trámites lentos y oficinas donde todo parece diseñado para cansar al ciudadano.

La Municipalidad se parece demasiado a una panadería en la que uno entra todos los días, paga el pan, pero no recibe el pan. Y lo más grave es que nos acostumbramos. Lo aceptamos como si fuera normal. Como si el Estado pudiera cobrar sin dar. Como si trabajar fuera optativo. Como si el vecino tuviera que resignarse a financiar un aparato que muchas veces no le devuelve servicios de calidad.

El punto central no son los empleados municipales. La prioridad no puede ser proteger privilegios internos. La prioridad tienen que ser los vecinos y los servicios que la Municipalidad debe prestar. Quien cobra un sueldo público tiene que trabajar. Tiene que cumplir una función. Tiene que responder ante una autoridad. Tiene que estar sometido a reglas, controles y consecuencias, como cualquier trabajador del sector privado.

No se trata de demonizar a todos. Hay empleados que trabajan, sostienen áreas enteras y cumplen tareas indispensables. Pero justamente por ellos también hace falta ordenar el sistema. Porque el que trabaja queda igualado con el que no trabaja. El que cumple queda mezclado con el que especula. El que sirve al vecino termina atrapado en una estructura que premia la permanencia antes que el desempeño.

Por eso este tema debería estar en el centro de la próxima campaña municipal. No alcanza con prometer más plazas, más luces, más cámaras o más aplicaciones. ¿Quién se anima a reformar de verdad la Municipalidad de Córdoba?

Hace falta revisar procesos, estructuras, ingresos, controles, áreas duplicadas y mecanismos de evaluación. Hace falta que entren ingenieros, administradores, abogados y especialistas que den vuelta la Municipalidad y la pongan a funcionar. Como funciona una fábrica, una radio, una empresa, una panadería o cualquier lugar donde si alguien no trabaja, hay consecuencias.

La discusión no es ideológica. Es básica. La Municipalidad tiene que prestar servicios. Para eso cobra. Para eso existe. Y si no puede hacerlo porque está trabada por internas, privilegios, desorden, militancia o miedo a tocar intereses, entonces hay que decirlo con todas las letras: Córdoba necesita una Municipalidad que vuelva a trabajar.

Lo que quedó expuesto ya no puede volver a esconderse. Lo dijeron los propios funcionarios, esta vez en declaraciones públicas. Lo que durante años muchos intendentes admitían en voz baja, ahora está sobre la mesa.

¿Qué candidato se va a animar a decir cómo piensa ordenar la Municipalidad? Porque ese, y no otro, es uno de los grandes temas de Córdoba.

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