Estados Unidos admitió su preocupación por la ley que podría sancionar a sus empresas en Malvinas

Estados Unidos reconoció su preocupación por el alcance de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa del Gobierno argentino que contempla sanciones para empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización de la Argentina. Entre las compañías que podrían quedar alcanzadas por las penalidades figuran firmas estadounidenses.

El tema fue abordado durante una conferencia de prensa en el Palacio San Martín, en Buenos Aires, que compartieron el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, y el canciller argentino, Pablo Quirno.

Consultado sobre el proyecto, Landau sostuvo que Washington sigue de cerca sus alcances y defendió la preocupación de su país por los intereses de sus compañías. “Las leyes de la nación argentina son cuestión para las autoridades de la nación argentina”, afirmó, aunque agregó: “Nosotros estamos, obviamente, viendo con interés los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso”.

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Hoy recibí en el Palacio San Martín al vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau (@DeputySecState), y al subsecretario para el Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura (@WHAAsstSecty).

Avanzamos en los compromisos asumidos en Nueva York y Washington: cooperación contra el crimen organizado y el narcoterrorismo, el Corredor Andes-Atlántico, el financiamiento del EXIM Bank, minerales críticos y el camino hacia el Programa de Exención de Visas.

Argentina y Estados Unidos compartimos una convicción: la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Decimos lo que pensamos y cumplimos lo que prometemos.

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— Pablo Quirno (@pabloquirno) October 22, 2026

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Quirno ratificó que el reclamo argentino es innegociable

Durante el encuentro, Quirno reafirmó la posición histórica de la Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas y calificó el reclamo como “innegociable”.

El canciller también se refirió a la posibilidad de que desaparezca el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, conocido como C-24, donde el país presenta anualmente su reclamo por la disputa con el Reino Unido.

En ese sentido, aseguró que una eventual disolución del organismo “no tiene ningún tipo de mella” en la posición argentina sobre la soberanía. Sin embargo, reconoció que el foro tiene relevancia para el país porque allí expone cada año sus argumentos sobre la cuestión Malvinas.

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La postura de Washington sobre el Comité de Descolonización

Landau encuadró la discusión sobre el C-24 en el marco de una reforma más amplia de las Naciones Unidas impulsada por la administración de Donald Trump.

El funcionario consideró que algunos comités del organismo internacional han tenido resultados limitados a lo largo del tiempo. En particular, cuestionó el desempeño del Comité de Descolonización y afirmó que, a su juicio, “a través de los años no han hecho casi nada”.

También señaló que el organismo adoptó posiciones que calificó como radicales contra Estados Unidos en asuntos vinculados con Puerto Rico y otros temas.

“Espero que aquí en Argentina no se confunda un proyecto de reforma, de agilizar la operación de Naciones Unidas, con un tema en particular sustantivo”, planteó Landau, al intentar diferenciar la reorganización del organismo internacional de la discusión específica sobre la soberanía de las islas.

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El subsecretario de Estado, además, destacó el vínculo bilateral y sostuvo: “No hay otro país en todo el mundo con el cual estemos tan alineados”.

Qué establece el proyecto que genera preocupación

La iniciativa oficialista identificada como proyecto 0010-PE-2026 contempla sanciones para las empresas que participen en actividades de exploración y explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

Según los alcances que se analizan, las penalidades podrían extenderse más allá de las compañías que operan directamente en el archipiélago. También podrían alcanzar a filiales, accionistas, intermediarios financieros y proveedores vinculados con actividades hidrocarburíferas no autorizadas por la Argentina.

En ese contexto, trascendió que funcionarios de la Casa Blanca transmitieron al Gobierno argentino su inquietud por el alcance de las sanciones y por la posibilidad de que afecten a empresas estadounidenses.

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Las declaraciones de Landau dejaron expuesta la preocupación de Washington por los intereses comerciales de sus compañías, aunque el funcionario no anunció medidas concretas contra la iniciativa argentina.

La discusión abre así dos frentes diplomáticos: por un lado, la defensa argentina de su reclamo de soberanía sobre las Malvinas y de las herramientas legales para desalentar la explotación de recursos sin su consentimiento; por otro, la atención de Estados Unidos sobre las consecuencias que esas medidas podrían tener para sus empresas.

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