La nueva oficina de Milei no es para corregir: es una inversión en su imagen

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Por Adrián Simioni

El anuncio del Gobierno de Javier Milei sobre la creación de una "Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina" sorprendió más por su forma que por su contenido. Aurora —nombre, estética y lógica calcados de experiencias similares en Estados Unidos— fue presentada como un instrumento para corregir información incorrecta. Si ese fuera su objetivo real, no habría demasiado para objetar: es razonable que cualquier gobierno salga a desmentir errores factuales cuando los hay.

El problema es que no se trata de eso. No es una oficina pensada para llamar a un periodista, señalar un dato equivocado y permitir la corrección pública, una práctica habitual y saludable en democracias maduras. El propio anuncio oficial va más allá: habla de "desmentir activamente la mentira", "señalar operaciones" y "dejar en evidencia" a medios y a la "casta política". Ahí aparece la clave. Ya no se discuten errores, se adjudican intenciones.

Compararla con NODIO es un error. Aquella experiencia del kirchnerismo, enmarcada en la Defensoría del Público, pretendía analizar discursos con una falsa cientificidad para dictaminar qué era violento, estigmatizante o incorrecto en términos expresivos. Además, funcionaba en un contexto de fuerte presión estatal sobre los medios: ley de medios intervencionista, pauta oficial como herramienta disciplinadora y ataques directos con nombre y apellido. No es lo mismo.

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Pero que no sea lo mismo no significa que no sea problemático. El núcleo del conflicto con Aurora es su carácter faccioso. Parte de la idea de que toda información crítica es una operación, que detrás de cada error hay una conspiración. Esa lógica paranoica es incompatible con el ejercicio básico de la comunicación pública. Toda información está atravesada por intereses, enfoques, prioridades. Elegir un tema y no otro ya es una forma de subjetividad. Pretender erradicar eso equivale a eliminar la posibilidad misma de comunicar.

Lo curioso es que el Gobierno ya hace lo que ahora institucionaliza. Señalamientos, desmentidas agresivas, acusaciones y provocaciones ya forman parte de su estrategia cotidiana en redes sociales. Aurora no inaugura nada nuevo: ordena y concentra lo que ya existe. Y no incluye, por supuesto, ningún mecanismo para corregir las falsedades que circulan desde el propio oficialismo o desde su ejército de trolls. La corrección es selectiva.

¿Para qué crear esta oficina? La respuesta parece estar menos en la comunicación institucional que en la política identitaria. Aurora es una inversión en la marca Milei. El Presidente construyó su capital político desde la disrupción, el conflicto permanente, la tensión como método. El ejercicio del poder tiende a moderar, a exigir mesura. Esta herramienta busca evitar ese desgaste: mantener la crispación, sostener la grieta, preservar al Milei que golpea la mesa y desafía a todos.

El problema es que para eso se usan recursos y poder del Estado. Y el Estado no debería financiar ni amplificar estrategias de branding personal ni mecanismos de intimidación simbólica. Corregir información es una cosa. Señalar enemigos para mantener viva una identidad política es otra muy distinta.

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