Mestre propone una transición previsional para salvar la Caja de Jubilaciones

El exintendente de la ciudad de Córdoba, Ramón Mestre, presentó una serie de propuestas para abordar la crisis de la Caja de Previsión Social de la Provincia, con un enfoque que combina emergencia y transición previsional. En un documento de tono técnico y político, Mestre sostuvo que el sistema previsional cordobés no se fortalece “ajustando jubilaciones ni enfrentando trabajadores”, sino mediante una reorganización integral que contemple la realidad laboral actual y garantice la responsabilidad del Estado.

En la introducción del texto, el dirigente radical subrayó que la Caja de Previsión es una herramienta central del federalismo y la cohesión social, y advirtió sobre la necesidad de evitar “soluciones simplistas o ajustes injustos”. En ese marco, planteó una posición que definió como “cordobesa, federal, responsable y moderna”, orientada a ampliar la base de aportantes, proteger los recursos previsionales y promover el desarrollo productivo de la provincia.

Mestre remarcó que la Caja es una obligación indelegable del Estado provincial, conforme al artículo 55 de la Constitución de Córdoba, que garantiza un régimen de seguridad social frente a contingencias de vejez, invalidez y muerte. Reconoció los desafíos financieros del sistema, pero insistió en que deben afrontarse con responsabilidad institucional y control democrático, sin desconocer el mandato constitucional.

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Uno de los ejes centrales del planteo es la necesidad de adecuar el sistema previsional a la actual estructura del empleo público. Según señaló, el régimen vigente fue diseñado para un esquema laboral que ya no existe, mientras que hoy gran parte del funcionamiento del Estado se sostiene con trabajadores contratados, monotributistas y otras modalidades no permanentes.

En ese sentido, propuso la creación de un régimen previsional de transición que permita la incorporación progresiva de trabajadores contratados, mediante aportes proporcionales, reconocimiento parcial de servicios e incentivos a la formalización. A su vez, planteó la creación de un fondo de contribución previsional por vinculación con el Estado, que obligue a los proveedores habituales del sector público provincial a realizar aportes específicos y transparentes, bajo el principio de responsabilidad social previsional.

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El exintendente también puso el foco en el reclamo de fondos previsionales adeudados por la Nación, con base en la Ley 27.260 y su ratificación provincial. Si bien consideró legítimo y necesario sostener ese reclamo, advirtió sobre la necesidad de establecer mecanismos estrictos que impidan el uso político de esos recursos. Como ejemplo, mencionó la utilización de una partida de $5.000 millones para anunciar un haber mínimo, lo que —según afirmó— benefició a un grupo reducido con un claro sesgo electoral.

Para evitar ese tipo de situaciones, Mestre propuso la creación de un Fondo Provincial de Resguardo Previsional, con prohibición expresa de destinarlo a gasto corriente y con reglas claras de inversión y protección frente a la especulación financiera y los ciclos políticos. Además, sugirió que una parte de los recursos previsionales se oriente a inversiones productivas e infraestructura en la provincia, con el objetivo de generar empleo formal y fortalecer la sustentabilidad del sistema.

Finalmente, el dirigente rechazó las soluciones sectoriales que apuntan a imponer topes o mayores descuentos a determinados regímenes, como el judicial o bancario. A su entender, el problema es estructural y no puede resolverse cargando el ajuste sobre sectores específicos. “Las soluciones deben ser equitativas, sistémicas y progresivas”, sostuvo, al advertir que medidas parciales sólo generan divisiones sociales y debilitan el pacto previsional.

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