Ghislaine Maxwell intenta frenar la divulgación de documentos sobre Jeffrey Epstein

NUEVA YORK — Los representantes legales de la encarcelada socialité británica Ghislaine Maxwell están trabajando para evitar la divulgación de 90.000 páginas de documentos vinculados al financiero Jeffrey Epstein. Aseguran que la ley que permite la publicación de millones de archivos es inconstitucional.

El pasado viernes, los abogados presentaron documentos ante un tribunal federal en Manhattan con el objetivo de impedir la divulgación de registros en el marco de una demanda civil por difamación resuelta hace diez años por la fallecida víctima de Epstein, Virginia Giuffre, contra Maxwell. Recientemente, el Departamento de Justicia solicitó a un juez que levantara los requisitos de confidencialidad sobre esos archivos.

Los abogados de Maxwell argumentan que el Departamento de Justicia adquirió esos documentos, que deberían estar protegidos por órdenes de confidencialidad, de manera inapropiada durante su investigación penal sobre la socialité. Aseguran que los documentos incluyen transcripciones de más de 30 declaraciones juradas y datos sensibles sobre cuestiones financieras y sexuales que involucran a Maxwell y a otras personas.

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Algunos registros relacionados con el intercambio de pruebas en esta disputa legal ya han sido hechos públicos en cumplimiento de una orden de un tribunal federal de apelaciones.

La ley que el Congreso aprobó en diciembre, la cual obliga a la divulgación de documentos relacionados con la investigación sobre Epstein, es considerada por los abogados de Maxwell como una violación de la doctrina de separación de poderes establecida en la Constitución.

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"Por ley, el Congreso no puede despojar a este tribunal de su facultad ni liberarlo de la responsabilidad de proteger sus archivos contra el uso indebido. Hacerlo viola la separación de poderes", afirmaron los abogados Laura Menninger y Jeffrey Pagliuca en referencia a la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein.

"De acuerdo con la separación de poderes de la Constitución, ni el Congreso ni el Poder Ejecutivo pueden interferir en el poder judicial. Esto incluye la facultad de resolver de manera definitiva y final los casos y controversias", añadieron.

La divulgación de documentos relacionados con Epstein, que comenzó hace unas semanas, ha revelado nuevos detalles sobre los abusos sexuales que Epstein cometió contra mujeres y adolescentes durante décadas. Algunas víctimas han expresado su preocupación de que sus nombres y datos personales hayan sido expuestos en los documentos, mientras que los nombres de sus abusadores han sido censurados.

Miembros del Congreso han manifestado su descontento por la publicación de solo la mitad de los documentos existentes, muchos de los cuales han sido censurados. Funcionarios del Departamento de Justicia han afirmado que se ha divulgado todo, salvo ciertos documentos que requieren autorización judicial.

Giuffre ha afirmado que Epstein la traficó para entregarla a otros hombres, incluido el expríncipe Andrés, actualmente conocido como Andrew Mountbatten-Windsor. En 2021, Giuffre presentó una demanda contra Mountbatten-Windsor, alegando que mantuvieron relaciones sexuales cuando ella tenía 17 años.

Mountbatten-Windsor ha negado las acusaciones y ambas partes llegaron a un acuerdo en 2022. Recientemente, el expríncipe Andrés fue arrestado y permaneció bajo custodia durante casi 11 horas, sospechoso de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público por presuntamente compartir información comercial confidencial con Epstein.

En una biografía publicada tras su fallecimiento el año pasado, Giuffre mencionó que los fiscales le informaron que no fue incluida en el proceso por tráfico sexual contra Maxwell porque no querían que sus acusaciones distrajeran al jurado.

Maxwell, de 64 años, fue declarada culpable en diciembre de 2021 y condenada a 20 años de prisión. Epstein se quitó la vida en una cárcel federal en agosto de 2019 mientras aguardaba juicio por cargos de tráfico sexual. Maxwell fue trasladada el año pasado de una prisión federal en Florida a un campamento penitenciario de baja seguridad en Texas, después de ser entrevistada durante dos días por el subsecretario de Justicia Todd Blanche.

Recientemente, Maxwell se negó a responder preguntas de los miembros de la Comisión de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes en una declaración tomada por videollamada desde prisión, aunque a través de un comunicado de su abogado expresó que estaba "dispuesta a hablar plena y honestamente" si se le concedía un indulto.

El Departamento de Justicia no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre este asunto.

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