Kast promulga ley en Chile para combatir la violencia escolar con revisión de mochilas

SANTIAGO — El presidente de Chile, José Antonio Kast, firmó el miércoles una nueva ley que refuerza las medidas de control en las instituciones educativas, lo que incluye la revisión de mochilas y la prohibición de accesorios que obstaculicen el reconocimiento facial. Esta iniciativa busca hacer frente al creciente problema de la violencia escolar.

En un discurso dirigido a estudiantes en un colegio de Santiago, el mandatario subrayó: "La ley tiene que ser algo que nos ayude a mejorar. Todos queremos llegar a la escuela alegres, contentos, a pasarlo bien. No a tener temor".

La nueva normativa es parte de un conjunto de medidas diseñadas para aumentar la seguridad en los colegios, que han enfrentado un incremento en la violencia. Uno de los incidentes más graves ocurrió en marzo, cuando un adolescente llevó a cabo un ataque con cuchillo en una escuela de Calama, resultando en la muerte de una inspectora y dejando a cuatro personas heridas, incluyendo tres estudiantes.

Este evento marcó un hito como el primer caso premeditado de violencia escolar en la historia del país y generó una ola de incidentes y amenazas de tiroteos en diversas instituciones educativas, lo que llevó al Congreso a aprobar rápidamente el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. Este proyecto contempla el fortalecimiento de la seguridad y el endurecimiento de las sanciones por actos de violencia en el entorno escolar.

La ley fue aprobada en junio por el Congreso y se oficializó el miércoles tras su publicación en el Diario Oficial. Sin embargo, el Tribunal Constitucional eliminó algunas disposiciones controvertidas, argumentando que violaban los principios establecidos en la Constitución.

Entre las modificaciones, se consideró inconstitucional la facultad de la policía para revisar mochilas sin una orden legal previa, así como la revisión de la vestimenta y el cuerpo de los estudiantes.

Con los cambios implementados, los colegios podrán establecer medidas más estrictas y sanciones para la comunidad estudiantil, siempre que estén reflejadas en su reglamento interno. Cada institución deberá incluir en sus protocolos la revisión de mochilas y artículos de los funcionarios, además de crear códigos que prohíban el uso de accesorios que impidan la identificación facial. También se prevén castigos para aquellos estudiantes que amenacen a sus compañeros o a los docentes.

La nueva ley estipula que, si un adulto es condenado por delitos cometidos contra un profesional de la educación en el ejercicio de sus funciones, se le prohibirá celebrar contratos con el Estado durante un período de tres años. Asimismo, las escuelas podrán suspender el acceso a padres o responsables que agredan física, verbal o digitalmente a los funcionarios o estudiantes.

Si bien los ataques armados en Chile son poco frecuentes, el país es conocido por sus manifestaciones estudiantiles, que a menudo concluyen de manera violenta. Según datos oficiales, en el primer semestre de 2026 se registraron 6.308 denuncias relacionadas con la convivencia escolar, lo que representa un aumento del 2,8% en comparación con el mismo período de 2025. En total, el año pasado, se contabilizaron 17.076 denuncias que abarcan casos de maltrato, amenazas hacia estudiantes y profesores, y discriminación, entre otros.

En 2025, se reportaron 56.153 incidentes policiales dentro de los recintos educativos, incluyendo 16.535 por delitos contra la vida o integridad de personas, así como 893 asociados al porte de armas, ya sean de fuego o blancas, según el Ministerio de Seguridad Pública.

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