Juez frena temporalmente el reporte de niños enfermos a migración en Tennessee

Nashville, Tennessee, EE.UU. — Un juez ha dictado una orden temporal que impide al Departamento de Salud de Tennessee compartir información con las autoridades migratorias sobre aproximadamente 400 niños inmigrantes que se encuentran en un programa de asistencia sanitaria y que padecen enfermedades graves y discapacidades.

La restricción fue emitida el miércoles a raíz de una solicitud realizada por tres médicos de Nashville, quienes presentaron una demanda tras la notificación de las autoridades estatales a proveedores de salud y familias inmigrantes. En dicha comunicación, se informaba que una nueva ley obligaría a compartir información identificativa de los niños inscritos en el programa después de finales de junio.

Esta legislación formaba parte de una serie de iniciativas impulsadas por los republicanos de Tennessee en el presente año, en un esfuerzo por apoyar la postura del expresidente Donald Trump respecto a la inmigración.

Un portavoz de la oficina del fiscal general del estado declaró el jueves que no emitiría comentarios sobre la demanda y que la queja está bajo revisión. Hasta el momento, los funcionarios estatales no han respondido a la queja en documentos judiciales.

"Esta es una elección imposible para las madres, y pone en riesgo la vida y la dignidad de estos niños", afirmó Michele Johnson, directora ejecutiva del Tennessee Justice Center, quien presentó la demanda en representación de los médicos. Johnson también mencionó que el centro ha aconsejado a las familias que continúen en el programa mientras el asunto se encuentra en manos del tribunal, con una audiencia programada para el 2 de julio en Nashville.

El programa Children’s Special Services, que recibe financiamiento federal y ha estado operativo durante décadas, cubre los gastos médicos de niños que requieren atención por condiciones severas como cáncer, parálisis cerebral, trastornos convulsivos y diabetes.

Las cartas enviadas por el estado advertían a las familias que, dependiendo de su estatus migratorio, podrían ser reportadas a la división de inmigración del Departamento de Seguridad de Tennessee si decidían permanecer en el programa.

Además, la nueva ley requería que las agencias gubernamentales verificaran el estatus legal de todos los residentes antes de acceder a beneficios públicos. Esta norma forma parte de un conjunto de legislaciones de los últimos años que han impactado la capacidad de los inmigrantes para trabajar, obtener licencias y acceder a la educación pública gratuita, así como a otros servicios.

"Vamos a hacer lo que podamos para asegurarnos de que, si estás aquí ilegalmente, tendremos los datos, tendremos la transparencia, y no gastaremos dinero de los contribuyentes en ti a menos que estés en la cárcel", dijo en enero el presidente de la Cámara de Representantes, Cameron Sexton.

Los médicos que presentaron la demanda, todos ellos trabajando para clínicas de Siloam Health, que brindan atención a pacientes sin seguro y con acceso limitado a servicios médicos, expresaron en declaraciones juradas que algunos de sus pacientes temían no poder obtener atención médica vital para sus hijos.

Uno de los médicos indicó que algunos pacientes que recibieron la carta no están en el país de manera ilegal, sino que viven con familias de "estatus mixto", y optaron por abandonar el programa o planeaban hacerlo por el temor a ser reportados a las autoridades migratorias.

En la demanda se destaca que la implementación de esta normativa podría impedir que los médicos continúen atendiendo a sus pacientes. "El daño será irreparable si el tribunal no interviene", advirtió Johnson.

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