El Salvador aprueba cadena perpetua para homicidios y violaciones en el Congreso

SAN SALVADOR — El Congreso de El Salvador validó el jueves una reforma constitucional que permite la cadena perpetua para delitos severos como homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a pandillas, en una iniciativa promovida por el gobierno del presidente Nayib Bukele.

La votación resultó en 58 apoyos por parte del partido gobernante Nuevas Ideas y sus aliados, junto con un voto de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Una diputada opositora también se opuso a la medida.

En la misma sesión, se extendió por cuadragésima novena vez el régimen de excepción, vigente desde hace cuatro años, que suspende derechos constitucionales relacionados con el derecho de defensa, el tiempo máximo de detención y la privacidad en las telecomunicaciones.

El partido oficial defendió la reforma argumentando que la cadena perpetua es una respuesta necesaria ante delitos extremos. Por su parte, la oposición, representada por el partido Vamos, se opuso a la medida, señalando el riesgo de condenar a personas inocentes.

"Si en nuestro país no existiera el riesgo de que personas inocentes sin vínculos con pandillas sean capturadas, si no existieran denuncias graves sobre abusos y detenciones sin pruebas, entonces, podríamos decir que sí, sin dudarlo", expresó Cesia Rivas, dirigente de Vamos.

Desde el oficialismo, el legislador Raúl Chamagua defendió la decisión, enfatizando que la reforma busca que los ciudadanos comprendan que los delitos graves deben ser enfrentados con sanciones severas.

Esta ratificación se da en un contexto de múltiples reformas impulsadas por Bukele, criticadas por muchos como un debilitamiento del sistema democrático en el país. En julio de 2025, se propuso otra reforma que eliminaría límites al mandato presidencial, lo que podría permitir a Bukele permanecer en el poder de manera indefinida.

La cadena perpetua se enmarca en una serie de medidas tomadas por Bukele en su lucha contra las pandillas, que comenzó con la declaración de un estado de emergencia en marzo de 2022, tras un aumento en la violencia pandillera. Esta situación ha resultado en la detención de aproximadamente 91.650 personas bajo este estado, que se ha prorrogado continuamente. Bukele ha afirmado que alrededor de 8.000 personas inocentes han sido liberadas.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias y han presentado quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmando que la mayoría de los detenidos durante el estado de emergencia fueron capturados sin pruebas. Bukele ha rechazado estas acusaciones.

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