Detenciones arbitrarias de salvadoreños deportados en El Salvador, denuncia HRW

MIAMI (AP) — Un reciente informe de Human Rights Watch ha revelado que ciudadanos salvadoreños deportados por Estados Unidos están siendo detenidos arbitrariamente en El Salvador, y muchos han desaparecido en el sistema penitenciario del país. Esta situación se ha vuelto alarmante desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump en enero de 2025, cuando más de 9.000 salvadoreños fueron deportados.

El informe detalla que algunos de estos deportados, junto con ciudadanos venezolanos, fueron enviados a una prisión conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECT), según la organización de derechos humanos con sede en Nueva York. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el informe no especifica cuántas personas están actualmente bajo detención arbitraria. Se realizaron entrevistas a 20 familiares y abogados de 11 salvadoreños deportados entre marzo y octubre de 2025, quienes fueron detenidos inmediatamente al llegar a su país. Los detenidos, según el informe, no tienen acceso a comunicarse con sus familias ni a hablar con abogados.

La directora de la división de las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, comentó: "Tienen derecho a un juicio justo y a comparecer ante un juez, y sus familiares tienen derecho a saber dónde se encuentran recluidos y por qué. La deportación no puede significar una desaparición forzada".

Desde que el presidente Nayib Bukele declaró un "régimen de excepción" en marzo de 2022, el fenómeno de la desaparición de detenidos ha aumentado. Esta medida, que comenzó como temporal, se ha prorrogado durante casi cuatro años, lo que ha llevado a la detención de aproximadamente 91.300 personas. Bukele ha afirmado que unas 8.000 personas inocentes han sido liberadas, aunque los criterios para las detenciones han sido criticados por su falta de evidencia y por las acusaciones vagas.

Los detenidos enfrentan serios problemas para acceder a un debido proceso, ya que muchos son juzgados en procesos colectivos y sus abogados a menudo pierden contacto con ellos. Organizaciones de derechos humanos han documentado múltiples abusos, incluyendo golpizas y condiciones inhumanas en las prisiones. Las familias de los detenidos viven en la angustia constante de no saber si volverán a ver a sus seres queridos.

El informe también menciona que las autoridades salvadoreñas no han proporcionado información sobre si alguno de los detenidos ha sido llevado ante un juez. En varios casos, las familias han tenido que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para obtener información sobre el paradero de sus seres queridos. Muchos de los deportados tienen familia en Estados Unidos.

Una madre, que vive en Maryland sin estatus legal, expresó su desesperación: "Hasta el momento no sé nada de mi hijo, nada. Quiero información, que alguien me diga que mi hijo está bien, que está vivo". Su hijo, deportado el 15 de marzo de 2025, solo pudo comunicarse con ella tres días antes de su deportación. Se enteró de su situación seis meses después, al ver una foto de detenidos en el CECT publicada por Bukele.

Otra madre, que vive en Texas y también carece de estatus legal, relató que no ha recibido información sobre su hijo desde su deportación hace un año. Ambas mujeres han solicitado mantener su anonimato por miedo a represalias.

El gobierno de Estados Unidos ha argumentado que algunos de los deportados son miembros de la pandilla MS-13, aunque Human Rights Watch indica que solo el 10,5% de los 9.000 deportados tenía antecedentes de delitos violentos. El 15 de marzo de 2025, 23 salvadoreños fueron deportados, entre ellos Kilmar Ábrego García, quien fue devuelto a Estados Unidos tras una orden judicial.

La situación de los deportados es crítica, y la falta de transparencia en el proceso de detención genera una creciente preocupación entre las familias y organismos de derechos humanos.

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