Investigación a la inteligencia colombiana por vínculos con contrabando y escuchas

BOGOTÁ — La Procuraduría de Colombia ha iniciado una investigación contra el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Arturo Lemus, por presuntos ofrecimientos a un abogado relacionado con un caso de contrabando. Además, se indaga sobre posibles interceptaciones telefónicas ilegales dirigidas a un candidato opositor.

La Procuraduría, que se encarga de las investigaciones disciplinarias contra funcionarios, ha abierto el caso tras la revelación de grabaciones que involucran a Lemus en conversaciones con Luis Felipe Ramírez, abogado del contrabandista Diego Marín, apodado "Papá Pitufo". Este último es señalado por la fiscalía como un destacado contrabandista.

Durante reuniones mantenidas a inicios de 2025, Lemus habría ofrecido beneficios judiciales a Marín, quien actualmente enfrenta un proceso de extradición. Según Lemus, él mismo ordenó grabar estas conversaciones tras ser contactado por el abogado para facilitar la entrega de Marín a las autoridades.

Marín ha solicitado asilo en Portugal, alegando persecución política, lo que ha complicado su extradición. En Colombia, enfrenta un proceso penal por liderar una red de contrabando que supuestamente corrompía a funcionarios públicos.

La investigación de la Procuraduría fue impulsada por la difusión de grabaciones de la reunión entre Lemus y Ramírez, en las que Lemus menciona que podría garantizar la seguridad de Marín si este decidía regresar a Colombia. También se refirió a una política de paz del gobierno que podría permitir beneficios a quienes colaboraran.

El presidente Gustavo Petro admitió que Marín logró infiltrar la DNI y otros organismos estatales durante su administración, aunque no mencionó directamente a Lemus. En este contexto, el presidente enfatizó que Marín debe regresar a Colombia para enfrentar la justicia.

Posibles escuchas ilegales a un candidato

Simultáneamente, la Procuraduría investiga a funcionarios de la DNI por posibles interceptaciones ilegales de las comunicaciones del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, un opositor de derecha a Petro. De la Espriella ha denunciado que el presidente hizo declaraciones en las redes sociales que sugerían que sus comunicaciones habían sido violadas ilegalmente.

La Procuraduría busca determinar si hubo una orden judicial para llevar a cabo estas interceptaciones. El candidato ha presentado denuncias penales por estas acciones y ha solicitado apoyo a Estados Unidos para garantizar la vigilancia en las elecciones presidenciales programadas para el 31 de mayo en Colombia.

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