Purga municipal tras el caso Barrelier: ya 13 funcionarios fueron desplazados

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El femicidio de Agostina Vega ha desencadenado una crisis institucional dentro de la Municipalidad de Córdoba. La onda expansiva ha puesto en jaque la continuidad de todo el gabinete del intendente Daniel Passerini.

Consultado de forma directa sobre la situación de Iván Contreras (exdirector general de Tránsito) y Eduardo Ramírez (exsecretario de Tránsito y Movilidad), y sus presuntos vínculos vecinales y de militancia con el imputado Barrelier, el secretario de Gobierno municipal, Rodrigo Fernández dijo a Cadena 3: “Están renunciados y están aceptadas las renuncias”. 

El funcionario aclaró de manera taxativa que ambos agentes no pertenecen a la planta permanente del municipio, por lo que su desvinculación de la función pública es total e inmediata.

Sin embargo, el dato más alarmante de la jornada radica en la magnitud de la reestructuración ordenada por el Ejecutivo local.

“Ya son 13 las renuncias que ha recibido el Intendente en estos días, y no descarta que las reestructuraciones sean más amplias”, reveló Fernández.

En un gesto de honestidad poco habitual en la alta política, el secretario de Gobierno expuso la vulnerabilidad de su propia posición ante la mirada del intendente: “Incluso, debo decirle Juan y Miguel, yo soy uno de los secretarios que no conozco si las reestructuraciones me van a alcanzar, dicho por el mismo Intendente frente a estas situaciones”.

Fallas en la comunicación

Sobre si las autoridades del área sabían que Barrelier había estado detenido hace un año por privación ilegítima de la libertad, Fernández evitó señalar complicidades políticas explícitas, pero reconoció una grave vulnerabilidad en los filtros internos.

“Aquí lo único concreto es que la comunicación formal fue la que no fue la que debería haber sido para que el Intendente o el Secretario sepan de esta situación, para que tomen la decisión que se tomó una vez conocido el hecho”.

Argumentó que la condición de "becario" de Barrelier facilitó su inmediata expulsión, pero reconoció que el estatuto actual para el personal de planta permanente exige procesos más lentos. Por este motivo, el Ejecutivo envió una ordenanza al Concejo Deliberante para "profundizar y acortar los plazos de control" de los empleados municipales.

El bar "Wachitas"

El entramado del caso también roza la pata de los controles comerciales de la noche cordobesa. El funcionario detalló el problemático historial del bar vinculado a la investigación. Según Fernández, el comercio acumuló reiteradas clausuras por fallas de higiene y seguridad. Aunque inició un proceso de regularización digital que concluyó con el pago de aranceles el pasado 2 de junio, el lugar volvió a ser clausurado por no reunir las condiciones mínimas.

No obstante, al ser interrogado sobre la identidad real del propietario del polémico establecimiento, Fernández contestó: “No tengo ese dato, porque no estoy en el área de fiscalización y control en este momento. No puedo saber quién es el titular, pero lo podemos aportar”.

Entrevista de Radioinforme 3

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